Los servicios 112 de toda España se unen en Valencia para reclamar la vuelta a la gestión pública
El servicio de emergencias español tiene muchos escalafones y niveles de actuación. El primero de ellos, al que acude el ciudadano en primera instancia, es el número de teléfono 112. Este el único servicio gratuito de asistencia a la ciudadanía a nivel europeo y, atendiendo las 24 horas del día, durante los 365 días al año, sirve como primera asistencia. Un trabajo vital de apoyo y filtración de la ayuda necesaria para cada situación que, sin embargo, la mayoría de los gobiernos autonómicos, competentes en la materia, menosprecia. El primer eslabón de la atención y gestión de emergencias no interesa a las administraciones regionales, que han decidido delegar en casi la totalidad de las autonomías su gestión a empresas privadas con ánimo de lucro, pese a las advertencias de los trabajadores y sus representantes sobre la pérdida de calidad que se da al ciudadano y la merma de derecho laborales. El servicio público empeora por la búsqueda del enriquecimiento de los gestores privados, que buscan abaratar costes para engrosar sus beneficios. Situaciones como la vivida con la DANA de Valencia han evidenciado más las consecuencias de la privatización y los trabajadores del 112 de todos los territorios se han unido para luchar por sus derechos y los de los ciudadanos. La privatización "repercute directamente en la calidad del servicio, dando lugar a un sistema precario con numerosas carencias que los profesionales padecemos cuando atendemos las llamadas de la ciudadanía cuando necesita este servicio esencial", denuncian los servidores públicos a través de un comunicado conjunto que llama a una concentración el próximo martes 11 de febrero, día europeo del 112. "Una gestión pública, responsable y de calidad" es lo que reclaman, y lo que cualquier persona esperaría de la primera línea de atención de las emergencias. Para ello, antes incluso que las mejoras laborales necesarias, lo primero que reclaman los trabajadores es que "la Administración asuma su responsabilidad mediante una gestión directa", mandato que, como recuerda, "se establece en los decretos de creación de este servicio público esencial". "La prestación del servicio de atención de llamadas de urgencia 112 se llevará a cabo por las comunidades autónomas", recoge el Real Decreto de creación de 1997. Sin embargo, las puertas abiertas en la normativa han derivado en la externalización de los servicios y los trabajadores reclama que, después más de 20 años de servicio, "es imprescindible que todas las Administraciones inicien un proceso de internalización del mismo, y evitar así, que las emergencias sean un negocio sujeto a fines lucrativos". Todo ello en busca de recuperar los estándares de calidad del sistema, que consideran en mínimos, y alcanzar unas condiciones laborales dignas que les permitan desarrollar su trabajo en las mejores de las condiciones. "El actual modelo de gestión privada que prioriza maximizar ganancias, recorta de nuestras condiciones laborales y de la calidad del servicio, llevándonos al límite como profesionales", lamentan desde el 112. Asimismo, resaltan lo evidente, que "la atención en situaciones de emergencia requiere de un entorno estable y adecuado...
El servicio de emergencias español tiene muchos escalafones y niveles de actuación. El primero de ellos, al que acude el ciudadano en primera instancia, es el número de teléfono 112. Este el único servicio gratuito de asistencia a la ciudadanía a nivel europeo y, atendiendo las 24 horas del día, durante los 365 días al año, sirve como primera asistencia. Un trabajo vital de apoyo y filtración de la ayuda necesaria para cada situación que, sin embargo, la mayoría de los gobiernos autonómicos, competentes en la materia, menosprecia. El primer eslabón de la atención y gestión de emergencias no interesa a las administraciones regionales, que han decidido delegar en casi la totalidad de las autonomías su gestión a empresas privadas con ánimo de lucro, pese a las advertencias de los trabajadores y sus representantes sobre la pérdida de calidad que se da al ciudadano y la merma de derecho laborales. El servicio público empeora por la búsqueda del enriquecimiento de los gestores privados, que buscan abaratar costes para engrosar sus beneficios. Situaciones como la vivida con la DANA de Valencia han evidenciado más las consecuencias de la privatización y los trabajadores del 112 de todos los territorios se han unido para luchar por sus derechos y los de los ciudadanos. La privatización "repercute directamente en la calidad del servicio, dando lugar a un sistema precario con numerosas carencias que los profesionales padecemos cuando atendemos las llamadas de la ciudadanía cuando necesita este servicio esencial", denuncian los servidores públicos a través de un comunicado conjunto que llama a una concentración el próximo martes 11 de febrero, día europeo del 112. "Una gestión pública, responsable y de calidad" es lo que reclaman, y lo que cualquier persona esperaría de la primera línea de atención de las emergencias. Para ello, antes incluso que las mejoras laborales necesarias, lo primero que reclaman los trabajadores es que "la Administración asuma su responsabilidad mediante una gestión directa", mandato que, como recuerda, "se establece en los decretos de creación de este servicio público esencial". "La prestación del servicio de atención de llamadas de urgencia 112 se llevará a cabo por las comunidades autónomas", recoge el Real Decreto de creación de 1997. Sin embargo, las puertas abiertas en la normativa han derivado en la externalización de los servicios y los trabajadores reclama que, después más de 20 años de servicio, "es imprescindible que todas las Administraciones inicien un proceso de internalización del mismo, y evitar así, que las emergencias sean un negocio sujeto a fines lucrativos". Todo ello en busca de recuperar los estándares de calidad del sistema, que consideran en mínimos, y alcanzar unas condiciones laborales dignas que les permitan desarrollar su trabajo en las mejores de las condiciones. "El actual modelo de gestión privada que prioriza maximizar ganancias, recorta de nuestras condiciones laborales y de la calidad del servicio, llevándonos al límite como profesionales", lamentan desde el 112. Asimismo, resaltan lo evidente, que "la atención en situaciones de emergencia requiere de un entorno estable y adecuado...
