El alcalde del PP imputado en Sevilla por tráfico de influencias autorizó construir el tanatorio pese a "incumplir" las normas

El alcalde de Mairena del Alcor, Juan Manuel López (PP), imputado recientemente en la causa abierta contra varios dirigentes populares por la trama urbanística del tanatorio, “incumplió” la normativa vigente al autorizar la construcción del centro funerario privado promovido por la empresa familiar de un alto cargo del partido a nivel andaluz (Francisco Rodríguez Roa), también encausado. Así lo recoge el atestado de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que ha llevado al juez a atribuirles la condición de investigados por posibles delitos de tráfico de influencias, y prevaricación administrativa y urbanística.

Tras siete meses de investigación, la Guardia Civil concluye que la administración local “no actuó con arreglo a la normativa vigente” y sí “en favor de la mercantil Previpaz S.L.”, que promovió la construcción del tanatorio privado y de la que fue apoderado Rodríguez Roa, hoy miembro de la ejecutiva regional del presidente Juan Manuel Moreno y consejero de la RTVA por designación de su partido.

La Policía Judicial ha detectado “incumplimientos reiterados de normas establecidas” relacionados con la tramitación del expediente de Previpaz S.L. y con las normas urbanísticas aplicables al proyecto. Por un lado, el Consistorio concedió la licencia de obra aunque la documentación que había aportado la empresa estaba “fuera de plazo e incompleta”. Y por otro, se autorizó la edificación del centro privado (hoy ya construido) en unas condiciones que no estaban recogidas en ese momento en el planeamiento urbanístico, modificado a posteriori.

Trámites de audiencia “incumplidos manifiesta y reiteradamente”

En primer lugar, la Guardia Civil certifica que la promotora incumplió “manifiesta y reiteradamente” los trámites de audiencia legalmente exigidos, es decir, los plazos para subsanar las deficiencias que los técnicos municipales habían detectado en el proyecto presentado en la solicitud de la licencia de obra mayor, necesaria para construir el tanatorio en un polígono del municipio.

Según la normativa, cuando se detectan deficiencias subsanables en los informes técnicos y jurídicos, la administración debe requerir al solicitante que las subsane en un “plazo no superior a un mes”. De lo contrario, “se procederá a la declaración de caducidad del procedimiento”. La cronología de la Guardia Civil recoge que la promotora incumplió esos plazos (más de 80 días en un primer caso y más de cuatro meses en un momento posterior). Y, aun así, la administración local resolvió “favorablemente” la petición, cuando debería haber notificado la “caducidad del expediente y no conceder licencia de obra”, según consta en el atestado.

La Secretaría General de la Agencia Urbanística del Ayuntamiento reconoce que mantuvo abierto el expediente de Previpaz y lo justifica alegando que es el proceder “habitual” de la administración ante este tipo de proyectos urbanísticos. No obstante, la Guardia Civil insiste en su informe en que “cuando esos incumplimientos son reiterados en el tiempo en un mismo expediente urbanístico que dan pie a resoluciones que benefician a terceros [en este caso, a una empresa afín a su partido], las normativas deben ser cumplidas y, más aún, si así lo hace constar el asesor jurídico en sus informes”.

La Policía Judicial concluye que, por el contrario, la administración local actuó “con exquisita y sorprendente diligencia administrativa por parte de las técnicas, jurídico y políticos de la agencia de urbanismo para solucionar ellos lo incumplido por el promotor”. Se refiere a que, mientras que el interesado tardó meses en presentar la documentación requerida, los técnicos municipales firmaron las resoluciones con “extremada diligencia administrativa”, llegando a aprobar “en un solo día” varias resoluciones, incluso en domingo, para conceder la licencia en un plazo de apenas cinco meses. De ahí que se aprecien indicios de prevaricación administrativa por parte de los responsables municipales y de los promotores del proyecto.

Sin las “preceptivas licencias” para las reformas

Por otro lado, la Guardia Civil también detecta irregularidades en las siguientes fases del proyecto, que apuntan a indicios de prevaricación urbanística. La promotora tenía intención de llevar a cabo dos reformas, una para instalar un bar/cafetería y otra para un horno crematorio, lo cual requería solicitar nuevas licencias para adecuar el tanatorio a los nuevos usos que se pretendían incorporar. La Policía Judicial ha podido comprobar en sus inspecciones que estos espacios están hoy “ejecutados en su totalidad”, a pesar de que la empresa no contaba con “las preceptivas licencias de obra o declaración responsable que habiliten la ejecución” de esas obras.

En este punto del informe, se recuerda que la administración local tiene “la obligación de vigilar los servicios urbanísticos”, pero en este caso el Ayuntamiento de Mairena del Alcor obró “omitiendo en todo momento la realización de inspecciones de carácter obligatorio”, extremo también reconocido por la Secretaria General. Así lo subraya el juez en el auto emitido el pasado 5 de febrero, donde se expone que el proyecto de la empresa familiar del alto cargo del PP andaluz se ha “beneficiado” de “una inusitada e infrecuente extremada diligencia administrativa, en la emisión de informes técnicos, jurídicos y resoluciones 'todas favorables' en muy corto espacio de tiempo”, a pesar de “los reiterados incumplimientos” en los que incurrió la empresa.

Este periódico ha tratado de contactar con los responsables municipales para recoger sus impresiones sin éxito. El alcalde de Mairena del Alcor se pronunció hace unos días sobre estos aspectos del atestado, defendiendo que la Guardia Civil “ignora en el informe los escasos recursos técnicos del Ayuntamiento para realizar tales visitas de inspección, así como la forma de actuar habitual en este tipo de expedientes”. En un vídeo difundido en redes sociales, añade que “no existen medios para hacer el expediente tal como se debiera hacer” y justifica que en el caso del tanatorio se ha seguido el mismo proceder que en “todos los expedientes” que gestiona la administración local, y el que siguen “casi el 99% de los ayuntamientos de la provincia”. El líder del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, también imputado en este caso por su etapa como alcalde de este municipio, defiende “haber actuado conforme a la ley”.

“Adecuar la norma al proyecto”

El otro indicio de irregularidad que esgrime la Guardia Civil tiene que ver con las condiciones de edificación del proyecto del tanatorio privado. Según el atestado, las normas urbanísticas “se adecuaron” al proyecto a posteriori, una vez que estaba construido en el polígono industrial El Gandul. Los informes acerca del tanatorio recogían que la tipología de ese proyecto en cuestión (en relación con el cerramiento exterior y el retranqueo) estaba regulada en un artículo del planeamiento urbanístico, que requería de una modificación y en ese momento no estaba aprobada.

La obra del tanatorio de Previpaz S.L. se llevó a cabo en otoño de 2021, de acuerdo con la cronología de la Guardia Civil, pero la modificación de esas normas para “flexibilizar las condiciones de edificación y las condiciones arquitectónicas” en la zona (específicamente sobre el cerramiento exterior y el retranqueo de las naves industriales) no se aprobó en pleno del Ayuntamiento hasta un año después, el 15 de noviembre de 2022.

Para esa fecha “la obra civil está construida, o muy avanzada en su desarrollo, de hecho, están en la obtención de licencia de apertura, cambio de titularidad e incluso se empieza a solicitar autorización para la instalación de horno crematorio a la Consejería de Salud”, expone la Guardia Civil. De ahí que entiendan “que se llevó a cabo la obra sin estar vigente esa modificación que en todos los informes técnicos se señalan”, como concluye el informe.

Por todo ello, la Policía Judicial considera que la concesión de la licencia para el tanatorio privado de Mairena del Alcor está rodeada de una serie de irregularidades que han motivado la ampliación de la investigación judicial en la que varios dirigentes del PP están siendo investigados por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y administración desleal.