El juez archivó la causa por acoso sexual contra el alcalde de Estepona porque los mensajes revelan “consentimiento pleno”

El juzgado de instrucción 5 de Estepona archivó la investigación al alcalde de Estepona, José María García Urbano, por presuntos delitos de acoso sexual cometidos contra J.C.G. (agente de la Policía Local de Estepona, actualmente de baja) y C.P.B. (con la que tiene dos hijos), después de concluir que los mensajes de WhatsApp intercambiados entre los tres muestran una relación libre y consentida a tres bandas, en contra de lo declarado por los dos denunciantes, que aseguraban haber actuado condicionados por el miedo por lo que pudiera hacerles el regidor. “Lo ocurrido (…) no ha sido más que una relación de amistad íntima entre ellos, con un contenido eminentemente sexual, entre tres personas adultas que no han sido coaccionadas, intimidadas ni amenazadas de ninguna forma”, resume el juez, igual que la fiscal.

La conclusión de ambos es rotunda, y queda reflejada tanto en el auto de archivo como en el informe de Fiscalía, a los que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía. Para el archivo, que ha sido recurrido, tanto el juez como la fiscal se basan fundamentalmente en el análisis de casi 400 folios donde constan múltiples mensajes intercambiados entre el 2 de noviembre de 2020 hasta el 10 de agosto de 2023, citados profusamente por la fiscal para pedir el archivo. Por el contrario, apenas hacen alusión a las declaraciones de los denunciantes y del alcalde, que se negó a contestar a las preguntas del juez y de la fiscal. El regidor siempre ha sostenido que se trataba de una denuncia “sin fundamento” y “por motivos espurios”.

Los mensajes son, dice el juez, la “única prueba objetiva con la que se cuenta”. Y de ellos infiere un juego sexual a tres bandas que no fue forzado, sino más bien alimentado libremente, particularmente por C.P.B., quien habría sido la primera en ofrecer un encuentro a tres, según concluye el juez. “No ha sido acreditada una situación de violencia psíquica”, dice la fiscal en su informe: “Lo cierto es que tras la lectura de las conversaciones (…) no revelan ningún tipo de actitud intimidatoria por parte del investigado, sino que parece lo contrario, que se trata de relaciones fluidas y voluntarias”. Los mensajes muestran a García Urbano y a C.P.B. planeando sus encuentros, si bien en el informe de fiscalía no se cita ninguno en los que sea J.C.G. quien haga la planificación o muestre su satisfacción.

García Urbano les pagó a ambos el alquiler de un piso, según los denunciantes para tenerlos cerca, pero el juez subraya que fue la mujer quien planteó que no podía costear su vida en Estepona. Esta vertiente económica se está investigando en una pieza separada por presunta malversación, dado que, con la firma del alcalde, el consistorio contrató a C.P.B. por mes y medio como cargo de confianza, sin que consten funciones asignadas ni que desempeñara trabajo alguno en ese tiempo, en el que cobró algo más de 5.000 euros.

Las relaciones, según los denunciantes

Los mensajes en los que se basa el juez para archivar la causa de naturaleza sexual trazan un relato muy diferente al ofrecido en la denuncia que dio origen al caso y lo que contaron al juez J.C.G. y C.P.B., según muestran las declaraciones a las que también ha tenido acceso a este medio. En la denuncia se mencionaban varios encuentros sexuales entre el regidor, J.C.G. y C.P.B., que habrían accedido a la fuerza a las pretensiones de García Urbano. Según los denunciantes, fue García Urbano quien los introdujo en esa relación a tres bandas sin ellos quererlo y luego los retuvo, aprovechando la condición de aspirante a funcionario local de J.C.G. para amenazarle.

En su declaración judicial, el agente insistió en el miedo que supuestamente le infundía el regidor, después de que entrase en prácticas tras aprobar las oposiciones tras muchos años preparando las oposiciones a policía local. Natural de Córdoba, su idea era intercambiar la plaza con una conocida de su ciudad.

Con el paso de los meses, el trato del regidor se volvió amenazante, según ese relato. J.C.G. dijo al juez que tenía miedo a que le hiciera perder el trabajo, “como había hecho con muchos funcionarios del ayuntamiento”. Según dijo llorando, García Urbano “movió los hilos para que me denegaran la permuta en Córdoba”. En recursos humanos de Estepona le dijeron “Tengo órdenes de que estos papeles de aquí no salgan”. Y en Córdoba: “Han llamado de Estepona para decirnos que no te den la permuta”, contó el hombre, quien, sin embargo, tuvo dificultad para concretar fechas, lugares, frases o situaciones, pese a la insistencia del magistrado. Alegó que le cuesta recordar por la medicación que consume por su depresión, que le ha llevado a dos intentos de suicidio.  

La mujer, C.P.B., que tiene dos hijos en común con J.C.G., también contó una deriva en la relación con el alcalde. Su vértice es el primero del triángulo en orden cronológico. Empezó por Internet, luego se convirtió en una amistad, más tarde en una relación afectiva (“estaba enamorada de él”), pero luego fue derivando en unas conductas sexuales que a ella no le gustaban, relató. Según su testimonio, todo cambió cuando acompañó al alcalde en un viaje a Alemania, en octubre de 2021, y vio “cosas que no tenía que ver”.

Fue entonces cuando el regidor le habría dicho que el trabajo de J.C.G. estaba en riesgo si contaba algo. “Supo cómo mantenerme la boca callada, porque es el padre de mis hijos”. La mujer explicó que habrían decidido “seguirle el rollo” para que no evitara firmar su condición de funcionario tras el periodo de prácticas, porque les amenazaba explícitamente con no hacerlo. En ese relato, los mensajes estarían condicionados por el objetivo de lograr la concesión definitiva de la plaza y, en última instancia, el traslado a Córdoba. Todo saltó por los aires con un nuevo episodio que disparó la ansiedad de ambos, por lo que habrían decidido zanjar el asunto en el verano de 2023. Según su testimonio, el regidor la amenazó gravemente si el asunto salía a la luz.

C.P.B. contó esto como testigo, bajo la obligación de decir la verdad. Fue advertida por el juez de que no hacerlo está castigado como delito. No hay constancia de que el magistrado haya deducido testimonio contra ella. Tras su declaración, el juez le otorgó la condición de denunciante. En su declaración como investigado, García Urbano se acogió a su derecho a no contestar al juez, a la fiscal y al abogado de los denunciantes.  

Los mensajes “no concuerdan, en absoluto, con una situación de acoso”

El denunciante también aportó un vídeo, del que el juez no infiere ningún acto contrario a la voluntad de nadie. “Se puede observar con absoluta claridad como los intervinientes actúan con normalidad, plenamente conscientes de sus actos y con respeto entre ellos”, observa el juez, quien basa oa decisión de archivar en el “abundante contenido de las conversaciones”. Entre los testimonios y lo que le indican los mensajes, el juez elige estos para concluir que la relación triangular y los encuentros sexuales fueron consentidos. Así, según el juez, las comunicaciones entre los tres “no concuerdan, en absoluto, con una situación de acoso, coacción o intimidación alguna”.

“Por lo que se refiere a los encuentros íntimos entre los implicados, tanto los mantenidos con J.C.G., como con C.P.B., como los compartidos entre los tres, respondieron a un consentimiento pleno de todos los intervinientes”. El juez concluye que existía una relación de confianza que debía estar presidida por el “respeto”.

Desde mediados de 2023, cuando todo supuestamente terminó, el denunciante está de baja por motivos psicológicos. Dice tener pánico a volver a a Estepona.