El Congreso acepta desclasificar el archivo del asesinato de García Caparrós pero con los nombres de los implicados tachados
La Mesa, siguiendo el criterio jurídico de los letrados, rechaza la solicitud de Sumar que pedía acceso al expediente "sin anonimizar los nombres propios" de la investigación que hizo la Cámara Baja sobre la muerte del joven malagueño en la manifestación por la autonomía andaluza del 4 de diciembre de 1977Sumar solicita al Congreso desclasificar el archivo del asesinato de García Caparrós que PSOE y PP ya apoyaron en Andalucía El Congreso de los Diputados ha autorizado un acceso parcial a las actas de la comisión de la Cámara Baja que investigó el asesinato de Manuel José García Caparrós, un joven malagueño, sindicalista de CCOO y trabajador de la fábrica de Cervezas Victoria, que murió hace 47 años por el disparo de un policía mientras participaba, junto a otros 200.000 andaluces, en la gran manifestación por la autonomía plena, el 4 de diciembre de 1977 en Málaga. La Mesa ha votado a favor de la desclasificación del expediente, pero manteniendo el anonimato de los nombres propios que aparecen en él, es decir, tachándolos de sus páginas. Esta decisión, avalada por el criterio jurídico de los letrados del Congreso, ha frustrado las expectativas del grupo parlamentario Sumar, que el pasado diciembre registró la solicitud para que se “permitiera el acceso” total al archivo de la muerte de García Caparrós. Lo que ha autorizado el Congreso es lo mismo que ya se había hecho en 2017, cuando una diputada malagueña de Unidas Podemos (dirigente de IU) logró el permiso para estudiar el expediente completo, pero se encontró que los nombres y apellidos de los protagonistas estaban tachados. La respuesta por escrito de la Mesa, a la que ha tenido acceso este periódico, reitera que “la documentación cuya consulta se solicita sin anonimizar tiene carácter secreto” y sólo el órgano rector de la Cámara Baja “podría autorizar” su consulta. Pero acto seguido rechaza hacerlo porque la propia comisión que investigó la muerte del joven malagueño declaró que sus deliberaciones tenían “carácter reservado” y, por tanto, se mantiene el anonimato de los implicados “para proteger las declaraciones de los testigos convocados o las personas que se habían ofrecido voluntariamente como tales”. “El Congreso se impuso el deber de confidencialidad en relación con las declaraciones de los testigos”, reza el escrito. Desde Sumar replican que, 47 años después, la desclasificación total se puede hacer, que la Mesa del Congreso es “soberana” para hacerlo, y que “en caso de considerarse sin competencias para hacerlo, que inste al Ministerio de Interior a que desclasifique en el plazo de un mes toda la documentación sin meter ningún tachón”. “Los protagonistas de lo que ocurrió o están muertos o están fuera de servicio, por tanto consideramos que no se conculcan los derechos de ninguno de ellos”, advierte el diputado por Málaga, Toni Valero. Fuentes del Congreso explican que la decisión que ha adoptado la Mesa es coincidente con el acuerdo previo que ya se tomó hace ocho años, ante una solicitud idéntica, y que cumple las directrices de los letrados de la Cámara Baja. “Si lo hiciéramos al contrario cualquiera de los comparecientes que lo hicieron con esa prerrogativa podría denunciarnos, más aún tras conocer el criterio de los letrados. No podemos ir contra la ley ni contra los informes jurídicos”, abundan estas fuentes. El órgano de control del Congreso está presidido por la socialista Francina Armengol y cuenta con una mayoría progresista: cuatro miembros del PP, tres del PSOE y dos de Sumar, que han votado que la Mesa es competente para desclasificar el expediente de García Caparrós. El informe también alega que en el dictamen de la comisión que investigó el asesinato del joven malagueño se encuentran “numerosos informes” de otras instancias, desde el Ministerio de Gobernación, hasta el Comandante Jefe de la Comandancia de Málaga, pasando por los centros sanitarios que atendieron a los heridos en la manifestación del 77. “El Congreso debería solicitar permiso para su difusión a los autores” de dichos informes, se advierte. Sobre el asesinato del joven sindicalista malagueño se han escrito varios libros con información sacada de las actas del Congreso. Uno de ellos es Las muertes de García Caparrós, de la secretaria judicial Rosa Burgos, que en 2007 consultó la documentación del expediente. En este volumen señaló al cabo primero M. P. R., ya fallecido, como el policía que disparó la bala que mató al muchacho mientras se manifestaba en Málaga por una autonomía andaluza. En 2017, cuando la diputada de Unidas Podemos, Eva García Sempere, tuvo acceso a las actas secretas -casi 700 páginas con los nombres propios tachados- denunció que la investigación en la comisión del Congreso había orillado el informe policial que señalaba el origen de los disparos, incluido el que mató a García Caparrós. El informe de la Pol
La Mesa, siguiendo el criterio jurídico de los letrados, rechaza la solicitud de Sumar que pedía acceso al expediente "sin anonimizar los nombres propios" de la investigación que hizo la Cámara Baja sobre la muerte del joven malagueño en la manifestación por la autonomía andaluza del 4 de diciembre de 1977
Sumar solicita al Congreso desclasificar el archivo del asesinato de García Caparrós que PSOE y PP ya apoyaron en Andalucía
El Congreso de los Diputados ha autorizado un acceso parcial a las actas de la comisión de la Cámara Baja que investigó el asesinato de Manuel José García Caparrós, un joven malagueño, sindicalista de CCOO y trabajador de la fábrica de Cervezas Victoria, que murió hace 47 años por el disparo de un policía mientras participaba, junto a otros 200.000 andaluces, en la gran manifestación por la autonomía plena, el 4 de diciembre de 1977 en Málaga.
La Mesa ha votado a favor de la desclasificación del expediente, pero manteniendo el anonimato de los nombres propios que aparecen en él, es decir, tachándolos de sus páginas. Esta decisión, avalada por el criterio jurídico de los letrados del Congreso, ha frustrado las expectativas del grupo parlamentario Sumar, que el pasado diciembre registró la solicitud para que se “permitiera el acceso” total al archivo de la muerte de García Caparrós.
Lo que ha autorizado el Congreso es lo mismo que ya se había hecho en 2017, cuando una diputada malagueña de Unidas Podemos (dirigente de IU) logró el permiso para estudiar el expediente completo, pero se encontró que los nombres y apellidos de los protagonistas estaban tachados. La respuesta por escrito de la Mesa, a la que ha tenido acceso este periódico, reitera que “la documentación cuya consulta se solicita sin anonimizar tiene carácter secreto” y sólo el órgano rector de la Cámara Baja “podría autorizar” su consulta.
Pero acto seguido rechaza hacerlo porque la propia comisión que investigó la muerte del joven malagueño declaró que sus deliberaciones tenían “carácter reservado” y, por tanto, se mantiene el anonimato de los implicados “para proteger las declaraciones de los testigos convocados o las personas que se habían ofrecido voluntariamente como tales”. “El Congreso se impuso el deber de confidencialidad en relación con las declaraciones de los testigos”, reza el escrito.
Desde Sumar replican que, 47 años después, la desclasificación total se puede hacer, que la Mesa del Congreso es “soberana” para hacerlo, y que “en caso de considerarse sin competencias para hacerlo, que inste al Ministerio de Interior a que desclasifique en el plazo de un mes toda la documentación sin meter ningún tachón”. “Los protagonistas de lo que ocurrió o están muertos o están fuera de servicio, por tanto consideramos que no se conculcan los derechos de ninguno de ellos”, advierte el diputado por Málaga, Toni Valero.
Fuentes del Congreso explican que la decisión que ha adoptado la Mesa es coincidente con el acuerdo previo que ya se tomó hace ocho años, ante una solicitud idéntica, y que cumple las directrices de los letrados de la Cámara Baja. “Si lo hiciéramos al contrario cualquiera de los comparecientes que lo hicieron con esa prerrogativa podría denunciarnos, más aún tras conocer el criterio de los letrados. No podemos ir contra la ley ni contra los informes jurídicos”, abundan estas fuentes.
El órgano de control del Congreso está presidido por la socialista Francina Armengol y cuenta con una mayoría progresista: cuatro miembros del PP, tres del PSOE y dos de Sumar, que han votado que la Mesa es competente para desclasificar el expediente de García Caparrós.
El informe también alega que en el dictamen de la comisión que investigó el asesinato del joven malagueño se encuentran “numerosos informes” de otras instancias, desde el Ministerio de Gobernación, hasta el Comandante Jefe de la Comandancia de Málaga, pasando por los centros sanitarios que atendieron a los heridos en la manifestación del 77. “El Congreso debería solicitar permiso para su difusión a los autores” de dichos informes, se advierte.
Sobre el asesinato del joven sindicalista malagueño se han escrito varios libros con información sacada de las actas del Congreso. Uno de ellos es Las muertes de García Caparrós, de la secretaria judicial Rosa Burgos, que en 2007 consultó la documentación del expediente. En este volumen señaló al cabo primero M. P. R., ya fallecido, como el policía que disparó la bala que mató al muchacho mientras se manifestaba en Málaga por una autonomía andaluza.
En 2017, cuando la diputada de Unidas Podemos, Eva García Sempere, tuvo acceso a las actas secretas -casi 700 páginas con los nombres propios tachados- denunció que la investigación en la comisión del Congreso había orillado el informe policial que señalaba el origen de los disparos, incluido el que mató a García Caparrós.
El informe de la Policía Armada recogía tres cargas policiales -32 agentes dispararon al aire- después de que los manifestantes colgaran la bandera andaluza de la fachada de la Diputación de Málaga, una de ellas en el lugar en el que recibió el tiro mortal. Agunos de esos agentes fueron “expedientados y arrestados” por aquel suceso, según el expediente.
