La Seguridad Social suspende el ingreso mínimo vital a familias por retrasos de gestión

La Seguridad Social ha suspendido de manera cautelar el ingreso mínimo vital (IMV), la ayuda estatal para personas en situación de pobreza, a familias debido a retrasos y problemas de gestión. Es decir, por causas imputables a la Administración y no a los hogares en situación de vulnerabilidad. En enero, no se abonó la ayuda “de manera masiva” a hogares en “todas las comunidades autónomas”, advierten trabajadoras sociales y colectivos ciudadanos, que exigen que se levanten las suspensiones de manera “inmediata”. La Seguridad Social no ha respondido a elDiario.es sobre el número de hogares afectados por las paralizaciones.

Las suspensiones del ingreso mínimo vital se justifican porque no se ha realizado la revisión anual de los certificados de Servicios Sociales que acreditan la situación de vulnerabilidad social de algunas familias, que la Seguridad Social pidió a los ayuntamientos con el límite de entrega del 31 de diciembre. Según los últimos datos del ministerio de Inclusión y Seguridad Social, en enero de 2025 han sido 671.849 los hogares que han percibido el IMV.

Fuentes del Ministerio de la Seguridad Social recuerdan que los servicios sociales tienen que comunicar anualmente al INSS el mantenimiento o modificación de los certificados emitidos a los beneficiarios del IMV, como exige la ley. 

“Cuando se ha procedido en 2024 a la revisión de los certificados, se ha remitido comunicado a los beneficiarios que necesitaban actualizarlo y no lo han hecho todavía, informándoles que su prestación ha quedado suspendida hasta que lo presenten, momento en el cual recibirán el importe de los meses transcurridos desde la suspensión”, responden en la Seguridad Social. 

Sin embargo, el colectivo RMI Tu Derecho ha distribuido este lunes una respuesta de la Seguridad Social a un departamento de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid que se quejó de la situación, en el que se reconocen suspensiones cautelares de la ayuda aunque, “en algunos casos, la renovación de los CSS (certificados de servicios sociales) se hubiera presentado”.

En este correo electrónico se justifican las paralizaciones de la prestación por “el creciente volumen de expedientes a controlar”, “unido al reducido espacio de tiempo de que disponemos para actualizar la información que nos remiten los distintos Servicios Sociales y a la coincidencia de determinados problemas técnicos”.

Certificados entregados y cortes en la ayuda

Las trabajadoras de Servicios Sociales insisten en que los ayuntamientos mandaron los certificados “en plazo” y “con mucho esfuerzo”. “La responsabilidad no está en las trabajadoras de no hacer los informes”, sostiene Emiliana Vicente, presidenta del Consejo General Del Trabajo Social. Desde este órgano han consultado a los colegios profesionales de todo el país sobre estas suspensiones y explican que la situación es “generalizada”, con casos “en todas las comunidades autónomas”, lamenta Vicente.

En concreto, a elDiario.es han llegado advertencias de personal de servicios sociales en la Comunidad de Madrid, que denuncian que las suspensiones de IMV son “masivas”. “Están paralizando muchísimos expedientes. En Andalucía ocurre exactamente igual que en Madrid. Es una pena porque después de estar la persona esperando tanto tiempo a que se lo resuelvan, nos piden a los servicios comunitarios el informe, se lo enviamos, pero se lo paralizan”, indican por su parte en el Consejo Andaluz Trabajo Social.

Colectivos sociales como RMI Tu Derecho y ATD Cuarto Mundo, que colaboran con personas beneficiarias del IMV y otras rentas mínimas, achacan a la Seguridad Social los problemas de gestión y el “atasco” para valorar los certificados de vulnerabilidad social.

Así, señalan varios casos en los que los usuarios han recibido la carta de la Seguridad Social comunicando la suspensión de la ayuda, por la falta de este certificado, cuando los beneficiarios habían tramitado los informes en sus ayuntamientos y tienen justificantes de los servicios sociales de su entrega en el mes de diciembre.

“Como consecuencia de esa deficitaria gestión del INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social), directamente aplican una suspensión cautelar de una prestación destinada a cubrir las necesidades básicas para la subsistencia”, denuncia RMI Tu Derecho, que exige a la Seguridad Social que levante las suspensiones cautelares.

“Si no han podido revisar todos los expedientes en diciembre, es problema de la Administración, pero lo que no pueden es suspender el IMV a las familias”, dice Hontanares Arranz, activista de ATD Cuarto Mundo.

En el Consejo General Del Trabajo Social comparten su indignación por los cortes cautelares ante unas revisiones que no son achacables a los ciudadanos. “Es un atropello a la dignidad de las personas. Es infame. ¿Cómo se puede suspender una cantidad económica para garantizar sus necesidades básicas, un mínimo de ingresos en el día a día? Estamos hablando de personas que necesitan este dinero para comer”, lamenta Emiliana Vicente, la presidenta del organismo.

Vanesa, afectada: “A nosotros esto nos mata”

Vanesa es una beneficiaria del ingreso mínimo vital en la Comunidad de Madrid, a cargo de dos hijos en su hogar, a la que en enero la Seguridad Social cortó la ayuda de manera cautelar por la supuesta falta de entrega de este certificado de vulnerabilidad. “Yo el 13 de diciembre había hecho ese informe con los Servicios Sociales, así que les dije que no podía ser. Tengo el justificante, donde consta que lo mandaron el 17 de diciembre a la Seguridad Social”, explica la mujer a elDiario.es.

“Es un error suyo, no nuestro. Tienen un caos administrativo y a nosotros esto nos mata”, denuncia Vanesa. Fue a una oficina de la Seguridad Social a intentar solventar la situación. “No tenía cita, pero fui porque tenía que intentar demostrar la situación lo antes posible. Había muchas personas como yo, la cola era bastante grande, hubo gente que se quedó sin atender para el día siguiente”, afirma.

Vanesa explica que la funcionaria de la Seguridad Social, “muy maja”, le explicó que “estaban hasta arriba” y que una vez se revisasen los certificados de servicios sociales se volvería a ingresar la prestación, con efecto retroactivo. “Le pregunté si en febrero estaría resuelto, pero me dijo que no lo podía saber”, lamenta la afectada.

En enero no cobró la ayuda y cerró los gastos del mes como pudo, “gracias a que había trabajado en diciembre en una campaña por Navidad”. Pero desde entonces está “en un sinvivir”, cuenta, porque ya no tiene dinero para pagar el alquiler, los suministros (luz y agua) y la comida de este mes.

“Tengo que elegir”, dice, sabiendo que no hay elección posible. “No puedo no pagar el alquiler”, repasa en voz alta, pero tampoco que sus hijos y ella dejen de comer. “Estoy buscando trabajo como una desesperada, pero no me sale nada. Tengo una niña pequeña y no puedo coger cualquier horario, tengo que cuidarla”, explica.

“Te ves pensando en a quién puedes pedir prestado el dinero, gente de confianza y que pueda dejártelo... Aunque tampoco es la solución porque lo tienes que devolver en los meses siguientes y no llegas”, sostiene. “Te ves atrapada por todos lados. Y lo peor es la culpa y la vergüenza que sientes al verte así, porque la sociedad te castiga, es como si quisiéramos vivir así”, cuenta.

Desde el Consejo General del Trabajo Social denuncian este ejemplo como una muestra más de los problemas de gestión de la Seguridad Social con el ingreso mínimo vital “desde el principio”. “Nuevamente se somete a las personas beneficiarias a un escenario de estrés, agobio y dolor, cuando recordemos que son familias ya con un contexto desfavorable”, denuncia Emiliana Vicente, que reclama que se levantes los cortes en la protección social “inmediatamente”. “Si están revisando y verificando los IMV, estupendo, pero manténganlos mientra Y, al terminar, resuelvan lo que tengan que resolver, no al revés”.