‘Norma Marlaska’: los hoteles se blindan ante posibles sanciones

Hoteles, agencias y apartamentos de Baleares están documentando todos los fallos del sistema de registro de viajeros para protegerse ante posibles sanciones del Gobierno central. El protocolo, impuesto por el ministro Grande-Marlaska, sigue generando serios problemas técnicos que impiden a los establecimientos cumplir con la normativa (La norma Marlaska triplica los datos que los hoteles deben comunicar).

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ha recomendado a sus asociados recopilar y archivar todas las incidencias detectadas. Critican que la red informática encargada del registro presenta caídas constantes y lentitud extrema, mientras que los intentos de contactar con el servicio técnico del Ministerio no han obtenido respuesta (Norma Marlaska: los hoteles se plantan y derivan labores a las agencias).

“Es todo un desaguisado: el día que te deja entrar el sistema se colapsa; pero el principal problema es que ni siquiera puedes entrar si no es a las cinco de la mañana”, ha destacado la gerente de la patronal del alquiler turístico Habtur, María Gibert.

Pero más allá de los problemas técnicos, el sector critica las molestias que genera tanto para las empresas como para los clientes. Apuntan que los tiempos de check-in en los hoteles se han incrementado debido a los datos adicionales requeridos, lo que ha generado incomodidad e incluso negativas por parte de los viajeros.

El presidente de la patronal de agencias AVIBA, Pedro Fiol, ha lamentado que Interior no esté atendiendo las quejas y reclama más apoyo para el sector. “Por lo menos nos deberían proveer de información, atención y también financiación para integrar el sistema”, sostiene. Además, considera que son “medidas antiturísticas destinadas a ahuyentar a los visitantes y desviarlos hacia países competidores”.

El sector del rent a car también se ha visto afectado. El presidente de Baleval, la Julio Nieto, ha denunciado que “se está pidiendo incluir campos con información muy sensible de los clientes y somos el único país europeo que obliga al turista a facilitar esa información”. A su juicio, el 40% de las empresas de su asociación han reportado fallos informáticos al intentar registrar los datos exigidos.

Ante este panorama, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y las agencias de viajes han solicitado a Bruselas la suspensión cautelar del Real Decreto 933/2021. Igualmente, la Comisión se encuentra evaluando la normativa por posible vulneración de la ley europea de protección de datos, y podría tomar medidas próximamente.