Los tenedores de los bonos cupón PBI, que ganaron el juicio contra el Estado argentino en los tribunales de Reino Unido, ejecutaron la garantía de 313 millones de euros (unos US$325 millones) que el país tuvo que depositar en marzo 2024 para apelar sin éxito el fallo de primera instancia. Tanto el Tribunal de Apelaciones como la Corte Suprema de Gran Bretaña rechazaron la posición presentada por la defensa argentina, por lo cual confirmaron la sentencia de pagar una indemnización de 1330 millones de euros.

La justicia británica le dio la razón a los cuatro fondos demandantes, Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald, luego de que el Estado fuera acusado de perjudicar a los inversores cuando modificó la manera de calcular el producto bruto interno (PBI), que derivó en que se paguen menos intereses de deuda, en 2013, por los bonos “cupón PBI”, emitidos en 2005 y 2010.

Un documento del Bank of New York Mellon (BNY) muestra que en diciembre pasado los acreedores pidieron ejecutar la garantía y que en enero el Tribunal de Apelaciones de Gran Bretaña aprobó la petición de los acreedores y autorizó al fideicomisario a “exigir el pago en virtud de la carta de crédito y distribuir cualquier dinero recibido”.

“El 20 de enero de 2025, el fiduciario envió una demanda de pago en virtud de la Carta de Crédito a Banco Santander S.A. por la suma de 313.876.449,80 euros [€313,9 millones]”, dice el documento del banco estadounidense.

La Argentina todavía debe pagar €1000 millones más para cumplir con la sentencia. En octubre pasado, la Procuración del Tesoro dijo que este litigio es el quinto en importancia por el monto demandado.

“Los fondos, que colectivamente poseen aproximadamente el 48% de la valuación de los bonos demandaron al país en 2019 en el Tribunal Superior de Londres por un valor global US$670 millones. Alegaron que la Argentina modificó la forma de calcular su PBI en 2013 para evitar realizar pagos adicionales a los tenedores de estos bonos. La República Argentina está analizando con sus asesores legales las consecuencias de esta determinación de la Corte Suprema del Reino Unido”, dijo el Gobierno cinco meses atrás.

Este medio volvió a consultar a la Procuración acerca de la repercusión sobre la ejecución de la garantía, pero dijeron que “no hay comentarios” por el momento.

En marzo de 2024, el Gobierno creó por decreto el “Fideicomiso Especial de la República Argentina″, en Nueva York, para constituir a través de este instrumento una garantía por US$337 millones. El juez británico Stephen Phillips dijo cuando pidió la garantía para apelar: “Si bien entiendo y comprendo el impacto que cualquier carga financiera adicional tendrá en una economía en dificultades, no me convencen las pruebas ni los argumentos sobre un daño irremediable a la población”.

El cupón atado al PBI se usó como anzuelo para obtener una mayor quita de deuda en el canje de 2005, que estuvo liderado por el entonces ministro de Economía Roberto Lavagna y su secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, hoy embajador en Paraguay. Este instrumento financiero estipuló que la Argentina debía pagarles intereses a los bonistas cuando la Argentina creciera anualmente más de 3%, hasta 2035. El país no paga el bono desde 2011, cuando dejó de crecer.

Otra ejecución de garantía

En los próximos días, otra ejecución de garantía podría llevarse a cabo en Estados Unidos. Se trata de unos bonos del Tesoro estadounidense que están en una cuenta especial en la Reserva Federal de Nueva York y que nacieron como garantía de pago de los bonos Brady, que terminaron de pagarse en 2003. Según estimaciones privadas, son alrededor de US$310 millones.

En este caso, los tenedores de bonos que quedaron en default hace 23 años consiguieron que la Corte Suprema de Estados Unidos habilitara que se embarguen estos activos. El máximo tribunal de ese país rechazó la apelación que hizo la Argentina y confirmó el fallo de la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que concedió el embargo en agosto de 2022. Luego, la jueza Debra Ann Livingston, de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, confirmó el dictamen en primera instancia y lo mismo hizo la Corte Suprema, en enero pasado.

Los fondos Attestor Master Value, Trinity Investments, White Hawthorne, Bison Bee LLC y Bybrook Capital Master compraron deuda argentina en default desde 2001 a tenedores que nunca ingresaron a ninguno de los tres canjes que emitió el país, en 2005 (bajo la gestión de Néstor Kirchner), 2010 (Cristina Kirchner) y 2016 (Mauricio Macri).

Se cree que son menos del 3% del total de los tenedores originales que mantuvieron la deuda en default e iniciaron juicio al Estado argentino, llamados coloquialmente holdouts o fondos buitre, que reclaman, en conjunto, US$464,4 millones.