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Romper la cerradura
Ya nadie desoye los últimos estertores del anterior ciclo político. La crisis del proyecto socialdemócrata en las instituciones es evidente. El pacto entre conservadores y ultraderechistas para la conformación de un nuevo gobierno es cuestión de tiempo, y mientras, los sectores proletarizados tras la última crisis y aquellas capas de la clase trabajadora más pauperizada ven cómo el grueso de sus necesidades se reduce a meros eslóganes de campaña. Sin embargo, limitar la crisis del proyecto socialdemócrata al estrecho juego parlamentario acota sus efectos a la marginalidad mediática que se atiende desde platós y tertulias. Hablar hoy de crisis de la socialdemocracia es hablar, en general, de crisis de las fórmulas políticas y organizativas que han hegemonizado históricamente a la clase trabajadora en España desde la Transición y cuya erosión se ha acentuado durante la última década. Las grandes centrales sindicales, que en su día lograron orquestar huelgas obreras capaces de tumbar a ministros, hoy apenas son palmeros de la política progresista. Mientras, el glosario de nuevos espacios surgidos al calor del 15M -desde las Mareas y las Marchas de la Dignidad hasta el 8M- y sus múltiples reformulaciones se encuentran relegados a la marginalidad o directamente desarticulados, con la honrosa excepción de los espacios de vivienda. Que los espacios de contrapoder orientados en torno a la vivienda no solo hayan perdurado, si no que hayan mutado hacia formas cada vez más avanzadas tanto a nivel táctico y estratégico, como a nivel organizativo no es casual. La crisis hipotecaria en España de 2008 no solo aminoró el grado de accesibilidad de la vivienda para la clase trabajadora, especialmente juvenil, feminizada y migrante, si no que transformó por completo la posición que ocupamos en el mecanismo de valorización del capital inmobiliario. Mientras el crecimiento de la burbuja inmobiliaria entre 1997 y 2008 situaba a miles de familias endeudadas como intermediarios entre la ganancia (el interés hipotecario) y la mercancía (la vivienda), el "nuevo ciclo inmobiliario" de 2013 a 2019 prescindió de ese intermediario —problemático por los frecuentes impagos—, mediante la compra directa masiva de propiedades y relegó de forma general a las nuevas capas de la clase trabajadora al final del proceso de valorización, como pura compradora temporal de vivienda, es decir, como inquilina. Para el Capital, la condición inquilina garantiza, en contraposición a la de hipotecada, la flexibilidad necesaria para seguir valorizando un capital inmobiliario en propiedad directa que no dependa necesariamente de la capacidad de pago inicial del residente en particular, sino por el contrario, de la rentabilidad media de la vivienda en cada momento. Si la rentabilidad media de la vivienda es menor que la que se obtiene realmente del inquilino, se inicia de una forma u otra una subida del alquiler, mediante subidas explícitas de la mensualidad, impago de reparaciones, finalizaciones de contrato, o directamente desahucios; mientras que si la rentabilidad del inquilino particular es mayor que la rentabilidad media se obtiene una rentabilidad extraordinaria. La despatrimonialización durante la crisis hipotecaria de importantes capas de la clase...
Ya nadie desoye los últimos estertores del anterior ciclo político. La crisis del proyecto socialdemócrata en las instituciones es evidente. El pacto entre conservadores y ultraderechistas para la conformación de un nuevo gobierno es cuestión de tiempo, y mientras, los sectores proletarizados tras la última crisis y aquellas capas de la clase trabajadora más pauperizada ven cómo el grueso de sus necesidades se reduce a meros eslóganes de campaña. Sin embargo, limitar la crisis del proyecto socialdemócrata al estrecho juego parlamentario acota sus efectos a la marginalidad mediática que se atiende desde platós y tertulias. Hablar hoy de crisis de la socialdemocracia es hablar, en general, de crisis de las fórmulas políticas y organizativas que han hegemonizado históricamente a la clase trabajadora en España desde la Transición y cuya erosión se ha acentuado durante la última década. Las grandes centrales sindicales, que en su día lograron orquestar huelgas obreras capaces de tumbar a ministros, hoy apenas son palmeros de la política progresista. Mientras, el glosario de nuevos espacios surgidos al calor del 15M -desde las Mareas y las Marchas de la Dignidad hasta el 8M- y sus múltiples reformulaciones se encuentran relegados a la marginalidad o directamente desarticulados, con la honrosa excepción de los espacios de vivienda. Que los espacios de contrapoder orientados en torno a la vivienda no solo hayan perdurado, si no que hayan mutado hacia formas cada vez más avanzadas tanto a nivel táctico y estratégico, como a nivel organizativo no es casual. La crisis hipotecaria en España de 2008 no solo aminoró el grado de accesibilidad de la vivienda para la clase trabajadora, especialmente juvenil, feminizada y migrante, si no que transformó por completo la posición que ocupamos en el mecanismo de valorización del capital inmobiliario. Mientras el crecimiento de la burbuja inmobiliaria entre 1997 y 2008 situaba a miles de familias endeudadas como intermediarios entre la ganancia (el interés hipotecario) y la mercancía (la vivienda), el "nuevo ciclo inmobiliario" de 2013 a 2019 prescindió de ese intermediario —problemático por los frecuentes impagos—, mediante la compra directa masiva de propiedades y relegó de forma general a las nuevas capas de la clase trabajadora al final del proceso de valorización, como pura compradora temporal de vivienda, es decir, como inquilina. Para el Capital, la condición inquilina garantiza, en contraposición a la de hipotecada, la flexibilidad necesaria para seguir valorizando un capital inmobiliario en propiedad directa que no dependa necesariamente de la capacidad de pago inicial del residente en particular, sino por el contrario, de la rentabilidad media de la vivienda en cada momento. Si la rentabilidad media de la vivienda es menor que la que se obtiene realmente del inquilino, se inicia de una forma u otra una subida del alquiler, mediante subidas explícitas de la mensualidad, impago de reparaciones, finalizaciones de contrato, o directamente desahucios; mientras que si la rentabilidad del inquilino particular es mayor que la rentabilidad media se obtiene una rentabilidad extraordinaria. La despatrimonialización durante la crisis hipotecaria de importantes capas de la clase...
