La reducción de jornada 'avanza de pantalla': un año de negociaciones, una tramitación de urgencia y unos apoyos políticos sin tejer

El Gobierno dio este martes un paso adelante hacia la reducción de la jornada laboral con la aprobación en el Consejo de Ministros del anteproyecto de ley que regulará la rebaja en el tiempo máximo de trabajo hasta las 37,5 horas semanales. Este movimiento llega poco más de un año después de que el departamento de Yolanda Díaz se sentara a negociar con patronal y sindicatos —unas conversaciones de las que al final los empresarios acabaron descolgándose— y tras semanas de desencuentros entre Economía y Trabajo. Zanjado el choque interno, el Gobierno ha iniciado la tramitación de urgencia de la reducción de jornada, aunque queda camino por recorrer. Los apoyos para sacarla adelante en el Congreso están todavía en el aire.

Desde que patronal y sindicatos empezaran a hablar sobre el recorte en el tiempo de trabajo ha pasado poco más de un año. PSOE y Sumar incluyeron esta medida como punto 'estrella' dentro del acuerdo de coalición. Dos meses después de que se constituyera el Gobierno, el Ministerio de Trabajo puso en marcha la mesa de diálogo con CEOE, Cepyme, UGT y CCOO para abordar este asunto y fijó la reducción de jornada como una prioridad entre sus líneas de trabajo.

Tuvieron que pasar once meses para que las conversaciones dieran frutos, no sin antes un primer intento fallido de patronal y sindicatos de negociar sin el Gobierno y un prolongado cruce de reproches entre Trabajo y CEOE que acabó con una firma en solitario con UGT y CCOO. El equipo de Díaz afeó durante semanas a los empresarios su falta de propuestas concretas y cuestionó su voluntad de negociar una iniciativa a la que desde el primer momento se mostraron reticentes. CEOE y Cepyme argumentan que la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas supone un coste inasumible para las empresas, especialmente para las más pequeñas. Consideran que el recorte ha de negociarse "sector a sector" y "territorio a territorio".

Tras un primer amago a mediados de año de cerrar la negociación solo con los sindicatos si la patronal mantenía su rechazo, Trabajo puso sobre la mesa un paquete de ayudas para adaptar a las pequeñas y medianas empresas a adaptarse al cambio y tratar de ganar así el visto bueno de los empresarios. Pero las posturas nunca se acercaron y el Gobierno optó por firmar con los sindicatos en solitario. El acuerdo, que llegó finalmente a finales de diciembre y del que decayeron las ayudas ofrecidas a los empresarios, se sustentó en tres patas: la rebaja de la jornada máxima legal a 37,5 horas sin reducción salarial, la reconfiguración del registro horario y el endurecimiento de las multas y el fortalecimiento del derecho a la desconexión digital.

Rubricado el texto con UGT y CCOO, el Ministerio de Trabajo se comprometió a tramitarlo lo antes posible, aunque la reducción de jornada se volvió a encallar, esta vez dentro del propio Gobierno. Mientras que Díaz presionaba para que el Consejo de Ministros aprobara la tramitación de urgencia del texto íntegro firmado con los sindicatos, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, llamaba a la prudencia y a priorizar que el cambio fuera "sostenible" para las empresas.

La balanza se inclinó finalmente del lado de Trabajo y se materializó este martes con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del anteproyecto de ley. El texto, que se tramitará por la vía de urgencia y mantiene sin cambios lo pactado con UGT y CCOO, tendrá que volver a votarse en el seno del Gobierno antes de ser enviado al Congreso de los Diputados, algo que Trabajo calcula que podría ocurrir a finales de febrero.

Una vez salga del Consejo de Ministros de forma definitiva, necesitará el respaldo de la Cámara Baja para seguir adelante. Para ello, el Gobierno insiste en que negociará con todas las formaciones políticas menos con Vox. Díaz reconoció este martes la "conveniencia" de reeditar la suma de fuerzas que invistió a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. A la izquierda del PSOE, los socios habituales del Ejecutivo ven con buenos ojos el recorte en el tiempo de trabajo y el PNV ya ha adelantado que lo apoyará aunque sea "difícil" de aplicar para las pequeñas empresas. El escollo es Junts, que exige sentarse a negociar con el Gobierno pero advierte de que priorizará los intereses de las pymes catalanas.

No obstante, convencer a la formación de Carles Puigdemont no es la única opción que se plantea el Ejecutivo. Este martes la vicepresidenta segunda puso el foco en el PP e instó al partido de Alberto Núñez Feijóo a decidir si "va a utilizar este cambio histórico para reconciliarse con los trabajadores y trabajadores de su país o va a cometer el mismo error que cometió con la reforma laboral". Díaz aseguró que los votantes de la oposición también quieren beneficiarse de la reducción de la jornada laboral y confió en que el respaldo social presione a los populares. "Estoy convencida de que hay margen [para llegar a un acuerdo], porque, cuando una medida está ganada en la calle, es muy difícil encontrar razones para tumbarla", afirmó.