Ángel Ron defiende la ampliación de capital del Banco Popular ante la Audiencia Nacional

El expresidente del Banco Popular, Ángel Carlos Ron Güimil, ha presentado su escrito de defensa ante la Audiencia Nacional en el juicio que enfrenta por presunta falsedad contable y estafa a inversores en la ampliación de capital de 2016.

En el documento sostiene que la operación fue aprobada de forma legal y transparente con la supervisión de auditores externos y organismos reguladores. Además, su defensa argumenta que la crisis y posterior resolución del banco en 2017 no fueron consecuencia de dicha ampliación, sino de una crisis de liquidez generada bajo la presidencia de su sucesor, Emilio Saracho.

El escrito también impugna la legitimidad de algunas acusaciones particulares, alegando que muchas de ellas provienen de inversores que no participaron en la ampliación de capital.

Asimismo, la defensa de Ron se apoya en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2022 que impediría exigir responsabilidad civil por la resolución del Banco Popular en 2017.

Ángel Ron defiende que la ampliación de capital contó con el respaldo de firmas como PwC, KPMG y Ernst & Young, y fue aprobada por el Banco Central Europeo y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Argumentos de la defensa

Ron insiste en que la ampliación de capital de 2016, por un valor de 2.505,5 millones de euros, fue realizada con total transparencia y conforme a la normativa vigente. Detalla que el proceso fue supervisado por expertos financieros y que el folleto informativo para los inversores reflejaba fielmente la situación del banco. Recuerda a su vez que las cuentas anuales del Popular fueron auditadas sin salvedades y que la operación fue respaldada por los reguladores.

Ha asegurado que los peritos del Banco de España señalaron durante la instrucción que las cuentas de 2015 respondían a la normativa y que las de 2016, a la nueva normativa que entró en vigor para ser aplicada de forma prospectiva y no retroactiva. Ha pedido a la Audiencia Nacional que testifiquen en el juicio 36 personas, entre ellas, Emilio Saracho.

Cuestionamiento de las acusaciones 

Uno de los puntos clave de su defensa es la diferenciación entre su gestión y la de Emilio Saracho, quien asumió la presidencia en febrero de 2017. Según Ron, su administración dejó un banco solvente y con perspectivas de recuperación, pero que las decisiones tomadas por su sucesor y una crisis de confianza en el mercado provocaron una crisis de liquidez que desembocó en la resolución de la entidad en junio de 2017.

El escrito de defensa también argumenta que varias acusaciones particulares carecen de legitimidad, ya que algunas de las entidades que presentan reclamaciones no participaron en la ampliación de capital de 2016. En este sentido, la defensa de Ron se apoya en una serie de resoluciones judiciales que han delimitado el objeto del juicio a la ampliación de capital y han excluido las reclamaciones relacionadas con la resolución del banco.

Además, Ron se ampara en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2022, que establece que los inversores no pueden reclamar compensaciones por pérdidas derivadas de la resolución de un banco. También cita varias sentencias del Tribunal Supremo español que refuerzan esta postura.

El juicio en curso

El juicio oral, abierto el próximo 22 de noviembre de 2025, determinará las responsabilidades de este caso, uno de los más relevantes del sector financiero en los últimos años en España.

La defensa de Ron confía en que la documentación presentada y las pruebas periciales permitan demostrar que la ampliación de capital fue legítima y que la posterior caída del banco se debió a factores ajenos a su gestión.