El PP archiva y deja caducar más de 500 expedientes de la Oficina Anticorrupción fulminada por populares y Vox en Balears

El Govern balear del PP ha archivado un total de 528 expedientes que se encontraban en manos de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción (OAIB), impulsada por ley en 2016, durante el primer mandato del pacto de izquierdas liderado por la socialista Francina Armengol, y fulminada el año pasado por populares y Vox. La consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas, ha reconocido este miércoles que, siguiendo lo prescrito por la Ley de creación del registro de transparencia que implicaba la liquidación de la Oficina Anticorrupción, se han entregado al Parlament balear para su custodia unos 300 expedientes ya finalizados mientras que 228 que se encontraban pendientes de incoación han acabado caducados. Tan solo dos de los procedimientos iniciados continúan tramitándose según lo convenido.

Cabe recordar que, en marzo de 2024, conservadores y extrema derecha convirtieron Balears en la primera autonomía en eliminar un órgano de control de estas características y en nadar a contracorriente en la batalla abierta por los organismos internacionales contra de la degradación y el envilecimiento político. Con los votos de PP y Vox, la Cámara autonómica ponía fin a un ente impulsado con el objetivo de prevenir e investigar, entre otros, posibles casos de uso o destino fraudulento de fondos públicos. Su supresión suponía la creación de un Registro de Transparencia y Control del Patrimonio de Cargos Públicos de las Illes Balears, dependiente del Parlament, donde han sido depositados los expedientes de la antigua Oficina Anticorrupción. Eso sí, con carácter reservado, lo que implica que la información deja de ser pública. Cualquier tipo de acceso quedará además registrado. 

Durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales, la consellera de Presidencia ha negado, con todo, cualquier tipo de injerencia en la tramitación de los expedientes de la extinta Oficina. “El Govern no mira quién o qué se denuncia”, ha espetado. Sí ha admitido, en este sentido, que ha tenido que preguntar a los técnicos el estado de los expedientes y sus distintas tramitaciones. Estarellas ha vuelto a defender la liquidación de la Oficina por su “falta de transparencia” y por suponer una “duplicidad de funciones” respecto a otros organismos como las autoridades judiciales, la Fiscalía y la Policía, a pesar de que estos cuentan con funciones exclusivas y de que la OAIB complementaba las actuaciones llevadas a cabo por órganos como la Intervención General, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Cuentas y sus equivalentes insulares y municipales.

La responsable de Administraciones Públicas ha insistido en que desconoce el contenido de los expedientes incluso cuando la diputada del PP Cristina Gil se ha interesado por la existencia de expedientes relacionados con altos cargos de la pasada legislatura de izquierdas, como los casos Puertos o Varadero, los abusos sexuales a menores tuteladas, la salida nocturna de Armengol pese a las restricciones por la pandemia o el caso Koldo. “Miró hacia otro lado en los casos que afectaban al anterior Govern”, ha señalado Gil. Estarellas, asimismo, ha apuntado que funcionarios del desaparecido organismo presentaron una denuncia, según ha dicho, dado que el director era quien unilateralmente decidía qué denuncias prosperaban y cuáles no.

La popular ha reiterado sus críticas al antiguo ente y ha justificado su eliminación calificándolo de “organismo inútil encargado de ocultar la corrupción”. Para la diputada del PP, la Oficina se dedicó al “juego sucio” y ha citado como ejemplo la “persecución” contra el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, quien fue acusado de “trato denigrante” contra una viceinterventora del organismo y de “presionarla” para “levantar los reparos” a la concesión de un contrato de emergencia durante la pandemia. El procedimiento contra Marí fue archivado de forma provisional el pasado mes de diciembre.

Por su parte, la diputada del PSIB-PSOE, Pilar Costa, ha lamentado en su turno de intervención que con la liquidación de la Oficina Anticorrución “ha desaparecido la prevención” y se ha eliminado “por una decisión política” el canal de denuncias. “Se ha robado a la ciudadanía el derecho a formular denuncias”, ha añadido. Sobre este asunto, la consellera se ha referido a la situación actual de impasse, a la espera de que se convenie con el Estado el organismo estatal de denuncias de posibles delitos.

Costa, asimismo, ha preguntado a Estarellas qué hará el Govern tras la absolución del exconseller del PP Carlos Delgado, quien el pasado mes de noviembre se sentó en el banquillo acusado de amañar en 2013 el concurso de privatización del puerto deportivo de Calanova (Mallorca) en favor de la empresa Port Olímpic Calanova, vinculada a Carlos Gelabert, socio y amigo personal del ahora exonerado. La socialista también ha interpelado a la consellera sobre por qué se cambió al abogado de los servicios jurídicos del Govern personado en la causa. A este respecto, Estarellas ha señalado que la Administración actuará siempre en defensa de los intereses de los ciudadanos de Balears, restando importancia al cambio de letrado. “La noticia sería que nos hubiéramos retirado o que no estuviéramos personados”, ha zanjado.

Tanto la diputada socialista como Maria Ramon, de Més per Mallorca, han coincidido en afirmar que la comparecencia de la consellera ha llegado tarde, nueve meses después de haberse solicitado, según informa Europa Press. La ecosoberanista se ha interesado, además, por el contenido blindado de los expedientes que ahora obran en poder del Parlament.

Cabe recordar que el cierre de la Oficina Anticorrupción fue uno de los firmes propósitos que alcanzaron PP y Vox en las semanas previas al acuerdo que rubricaron a inicios de legislatura para que los conservadores pudieran gobernar las islas en solitario. El pacto contemplaba, a cambio, la participación de la extrema derecha en los Consells Insulars de Mallorca y Menorca, el cumplimiento de 110 medidas programáticas y el nombramiento del ultra Gabriel Le Senne como presidente del Parlament balear.

El procedimiento para cerrar la Oficina Anticorrupción se aceleró tras hacerse público que el ente atribuía posibles delitos a un alto cargo del PP en las Islas. En concreto el organismo público investigaba una presunta trama de corrupción urbanística que afectaba a Sebastià Sureda, entonces director general de Emergencias del Govern de Marga Prohens (PP). Apenas unos días después de desvelarse las pesquisas, los conservadores anunciaron que querían agilizar por ley la eliminación del ente. Desde la formación aseguraron entonces que el texto ya estaba redactado antes de que las pesquisas en torno a Sureda salieran a la luz. 

Además, mientras se tramitaba la ley para acabar con la Oficina, PP y Vox decidieron asfixiarla económicamente. Los Presupuestos autonómicos para 2024 únicamente contemplaban 50.000 euros para los gastos de personal de este organismo. En declaraciones a elDiario.es, el director de la Oficina Anticorrupción, Tòfol Milán, lamentó que con el dinero que les habían dado PP y Vox no se podía pagar “ni el alquiler, ni la seguridad, ni la limpieza, ni la energía eléctrica, ni las comunicaciones telefónicas”. El organismo no sólo se ocupaba de dar trámite a denuncias e investigaciones de todo tipo, sino también de la prevención de prácticas corruptas, de controlar y hacer públicas a la ciudadanía las declaraciones de bienes de los cargos públicos, de la formación de éstos y de impulsar programas educativos en las escuelas.