Fidel Salazar: Las empresas y la reforma al poder judicial

A estas alturas, puede resultar improductivo estar o no de acuerdo con la reforma judicial que el actual régimen está imponiendo, con la polémica elección por voto popular de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y todos los demás jueces federales.

Quejarse sirve menos. A las empresas más les vale prepararse para un cambio inminente que plantea desafíos y oportunidades respecto a la administración de justicia y la certeza jurídica.

La narrativa oficial afirma que una intención de la reforma es agilizar y transparentar el ejercicio de los tribunales eliminando la corrupción, sin embargo, los hechos son que no habrá más juzgados, ni más personal, ni mayores recursos para lograr una resolución pronta, imparcial y transparente de los litigios.

Al contrario, la llegada masiva de nuevos magistrados bajo un proceso de selección que no considera ni el mérito ni la experiencia, sino sólo el voto “popular” , nos permite anticipar la integración de juzgados sin conocimiento técnico especializado, amenazados además por un tribunal disciplinario que puede castigarlos hasta con la cárcel si sus decisiones no se apegan a un ideal politizado.

Por lo tanto, de acuerdo con el despacho Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, la reforma judicial podría afectar “la predictibilidad en la resolución de disputas, especialmente en aquellas que involucren a entidades gubernamentales y en casos complejos que requieren un alto grado de conocimiento técnico y legal”.

Si bien el nuevo Tribunal Disciplinario del poder judicial representa un sistema de supervisión que podría abonar a la transparencia, a la imparcialidad y a la honestidad entre las personas juzgadoras, también podría convertirse en una herramienta del Poder Ejecutivo para forzar a resoluciones favorables al régimen cuando se confronten con empresas y oros actores de la sociedad.

Por otro lado, la reducción del número de magistrados de 11 a 9 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la desaparición de las dos salas plantea la posibilidad de una mayor tardanza en la resolución de litigios graves, una gran selectividad en los casos a ser atendidos y una aún peor incertidumbre jurídica.

Si bien la reforma establece plazos máximos para la resolución de temas fiscales, las empresas enfrentan el riesgo de que esta presión, más la amenaza del tribunal disciplinario, obligue a los jueces a tomar decisiones precipitadas y poco estudiadas, en el menos malo de los casos, y muy probablemente sesgadas a favor del Gobierno y del fisco.

¿Qué pueden hacer las empresas ante este escenario?

Lo primero es asumir el desafío con una visión de gestión y mitigación de riesgos, evaluando la pertinencia de desarrollar estrategias proactivas en la forma de trabajar.

Algunos abogados recomiendan como primer paso, evitar al máximo posible llegar a litigios judiciales, al menos en los primeros años de implementación de la reforma.

La forma de prepararse incluye la revisión de los contratos y acuerdos corporativos para incluir cláusulas con medidas alternativas para la resolución de conflictos, como la mediación, la conciliación y el arbitraje.

La idea es buscar maneras de resolver controversias fuera de los juzgados.

Otra acción proactiva fundamental es fortalecer las políticas de cumplimiento dentro de las empresas. Garantizar la aplicación de las leyes locales, federales e internacionales, a un grado de exigencia mayor si es posible, se vuelve prioritario, con la intención, como ya hemos mencionado, de no tener que llegar a los juzgados.

Aplicar el viejo y conocido refrán de “más vale un buen acuerdo que un mal pleito” cobra en estos nuevos tiempos más relevancia que nunca.