Nueva grieta: polémica por la decisión del Gobierno de prohibir los tratamientos de cambio de género en menores de 18
Los colectivos LGBTIQ anticiparon que preparan amparos contra la medida, mientras desde sectores provida celebran el anuncio
La medida causó angustia y preocupación. También reacciones. A partir del anuncio del Gobierno de prohibir los tratamientos de hormonización y las intervenciones quirúrgicas para cambio de sexo en los menores de 18 años, las organizaciones que agrupan al colectivo transgénero se preparan para presentar amparos colectivos ante la Justicia por considerar que el decreto anunciado por la gestión de Javier Milei no puede avanzar sobre la Ley de Identidad de Género, votada por el Congreso, ni tampoco entrar en vigor sin ser incompatible con el Código Civil y Comercial vigente, que en su artículo 26 incorporó el concepto de autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes, que pueden realizarse tratamientos médicos a partir de los 16 años.
En las antípodas, las organizaciones que agrupan a médicos y familias de grupos provida celebraron la medida y anticiparon que acompañarán al Gobierno en la iniciativa.
El anuncio generó mucha angustia en las familias de adolescentes que atraviesan tratamientos hormonales de cambio de género, por no saber qué ocurrirá con ellos. En tanto, desde los colectivos LGTBIQ denuncian que se trata de una nueva embestida del Gobierno tras la marcha de rechazo del sábado último y desmintieron que actualmente se realicen cirugías genitales en menores de 18 años, como señaló ayer el vocero presidencial, Manuel Adorni, y había referido el presidente Javier Milei en una entrevista con LN+ el lunes. Lo mismo informó el médico Adrián Helien, jefe del servicio de Salud Transgénero del Hospital Durand, uno de los principales centros de atención y referente de tratamientos de transición de género en el país, donde concurren más de 400 pacientes. “Es mentira. En la Argentina no se operan menores de 18 años. Hubo un solo caso, que se hizo por orden judicial. Pero existen protocolos internacionales, que seguimos, y el consenso dice que no se hacen tratamientos quirúrgicos antes de esa edad. Tampoco se hacen tratamientos médicos u hormonales en la infancia”, apuntó.
Se refiere a que las terapias hormonales de feminización o masculinización se inician después de los 16 años. “Antes de esa edad, se realiza un tratamiento que es reversible, pero que aplica a menos del 10% de los pacientes, durante la pubertad, que es el bloqueo del desarrollo de caracteres sexuales secundarios”, agregó Helien.
“De todas formas, esta medida es cruel y genera mucho sufrimiento. Acá no se escuchó a los chicos y las chicas que están en tratamiento. Hay sesgos y una ignorancia enorme, todo esto produce angustia y no sabemos los efectos que puede tener en la población”, explicó Helien. Otros tratamientos que reciben aquellos que son diagnosticados con disforia de género son fonoaudiológicos, para reeducar la voz, y atención psicológica grupal para adolescentes y padres e individual para niños y niñas. Todavía no se sabe qué ocurrirá con esas prestaciones.
Se especulaba con que los tratamientos de aquellos que ya están cursando uno se continuarán, ya que podría ser considerada una mala praxis interrumpirlos una vez iniciados, pero que no se iniciarían procesos nuevos. Sin embargo, aún no hay información oficial al respecto.
La madre de Dana, de 16 años, Fernanda Mehigberg, contó que ayer quedaron perplejas cuando se enteraron de la noticia. Consultaron a la endocrinóloga que atiende a Dana, pero aún no supo decirles. Ella estaba contenta porque había terminado con el tratamiento de bloqueo, que realizaba desde los 14, ya que las inyecciones podían ser dolorosas. Y finalmente iba a comenzar con el tratamiento feminizante.
“A los 9 años me dijo ‘Yo soy una nena’. Desde entonces tiene en claro su identidad. Lo que pasa es que la terapia hormonal es como el lugar donde te apoyás. Ella tiene mucho apoyo de su familia y los compañeros, pero no siempre es así. Entonces, el cambio físico que produce el tratamiento hormonal ayuda mucho. Yo siento que quitarles esa posibilidad es como subirlos a un ring frente a Mike Tyson, sin posibilidad de defenderse”, detalló Fernanda. La médica les dijo que esperen, que como ella se atiende en la provincia de Buenos Aires, hay que ver qué decide la gobernación.
“El decreto es inconstitucional. No puede invalidarse por decreto una ley y un código civil. Es un abuso de autoridad. ¿Cómo a los 16 pueden votar, a los 17 conducir, se pide bajar la edad de imputabilidad, pero no pueden ejercer la autonomía progresiva? ¿Penalmente son responsables, pero en lo civil no?”, sostuvo Ricardo Vallarino, presidente de la Asociación Civil 100% Diversidad.
“El Gobierno miente. No hay cirugías en menores de 18 años. Esto es una forma de castigo por la marcha del sábado. El decreto no justifica su necesidad ni su urgencia, por eso vamos a impulsar un amparo colectivo, porque hay muchas familias preocupadas”, afirmó. “También vamos a insistir en el Congreso, para que no se deje avasallar por el Presidente. Es inconstitucional”, sentenció.
Desde Médicos por la Vida, María José Mancino fue una de las que celebraron la medida. “Nosotros, como representantes de Médicos por la Vida y una gran cantidad de padres y familias de hijos diagnosticados erróneamente con disforia de género, apoyamos este decreto. La mutilación no es un acto médico, sino una medida que desprotege el bien superior de la infancia, que es un derecho constitucional”, consideró.
“Es muy prudente. Esto se viene dando desde hace dos décadas, ya hay familias y jóvenes arrepentidos de esa decisión, para los que no hay vuelta atrás. A los destransicionadores nadie los escucha ni apoya”, explicó la psiquiatra. Señaló que en la Argentina hay un grupo de personas que durante su adolescencia fueron diagnosticadas con disforia “o que ellos mismos se confundieron con quiénes eran e hicieron tratamientos. Y hoy quieren revertirlos, pero el sistema público no los contempla y para ellos no hay tratamientos gratuitos. Estamos trabajando en sus casos para que reciban el apoyo. También, para que no se siga avanzando sobre la infancia y la adolescencia. En muchos países europeos, la ley que permitía el cambio de género se revirtió cuando recibieron un aluvión de demandas por mala praxis de destransicionadores. Al sistema le resultaba costosísimo y eso es lo que va a ocurrir”, expresó.
Sin embargo, al ser consultada no pudo precisar de qué cantidad de casos se estaba hablando en la Argentina. Entre las razones por las que decidieron dar marcha atrás, enumeró que habían sido mal diagnosticados o que “estaban confundidos” y tomaron decisiones apresuradas o presionados. “En noviembre participamos de una jornada en el Congreso y desde entonces recibimos la consulta de más de 1500 casos, familias, padres, abuelos y chicos. Vemos que en nuestro país es más frecuente entre chicas que en varones. Más de 500 casos en realidad eran chicos y chicas con otras patologías de base, como diagnósticos psiquiátricos, autismo y trastorno de déficit atencional, entre otros. Los profesionales no hicieron una evaluación completa del cuadro y diagnosticaron disforia”, afirmó Mancino.
“Esta es una serie de anuncios que echan mano de los más tradicionales prejuicios que existen contra el colectivo LGBTIQ. Busca instalar que son todos pederastas, pedófilos, para decir que estamos en contra de las infancias. Promueven el pánico moral para salvaguardar valores tradicionales, en defensa de cierto tipo de familias y en detrimento de otras”, dijo Kali Padilla, tallerista especializada en diversidad de la organización Grow.
“Nos presentan como adultos con patologías graves, pero se olvidan que nosotros también fuimos niños y niñas, hijos e hijas de familias, alumnos y alumnas de escuelas donde nos rechazaban y se vulneraban nuestros derechos. Las estadísticas que tenemos es que hoy el 60% de la población trans vive situaciones de violencia escolar. Son muchos y muchas expulsados de sus propias casas. El 85% del colectivo trans piensa o pensó en el suicidio por el acoso que sufre en su entorno. Esta medida es muy cruel y huele a revancha por la marcha. Y responde a una agenda del Gobierno que busca hacernos chivos expiatorios de los males sociales de los que no se hace cargo”, concluyó Padilla.