Tasas de basuras de hasta 30.000 euros ahogan a la concertada: «No todo en el colegio es comedor»
La conocida como tasa de basuras va a suponer la «puntilla económica» para muchos c entros concertados de toda España. Así lo indica a ABC Luis Centeno, al frente de Escuelas Católicas, que aglutina a los colegios concertados religiosos de todo el país. Desde la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), la otra gran organización de la concertada, coinciden en que este nuevo gravamen es «insostenible» y «tiene a muchas escuelas preocupadas». Este impuesto, que en la mayoría de los casos se va a empezar a pagar en 2025, varía según la ordenanza de cada ayuntamiento. Pero su origen no es municipal, sino ministerial. En concreto, la ley estatal 7/2022, de residuos y suelos contaminados, obligaba a los municipios de más de 5.000 habitantes a poner en marcha la ordenanza que lo regulara antes de abril de este año. En este contexto, los colegios concertados se encuentran en la encrucijada de que, por ley, no pueden repercutir a su alumnado la tasa como un privado. Existiendo, además, el agravante de que los conciertos educativos llevan casi dos décadas sin actualizarse. Según ha podido saber este diario, el montante, en los casos más extremos, ronda o supera los 30.000 euros. Este es precisamente el caso del Colegio San José de Cluny, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), municipio que aprobó su ordenanza en 2024 y que recibió una factura de 31.000 euros a abonar en cuatro pagos. Desde el sector de la concertada, religiosa o no, señalan que superando los 1.000 euros, las cuentas en la concertada se pueden complicar en exceso y, por eso, en municipios como Madrid, León, Valencia o Mahón (Menorca) se plantean impugnar las ordenanzas si no se incluye alguna exención. Los importes más desproporcionados se hallan en la ciudad de Madrid, donde el ayuntamiento ha fijado el tope de la tasa de basuras en 20.000 euros. En el mes de abril se girarán las primeras facturas en la capital que, en palabras de Emilio Díaz, representante de Escuelas Católicas en este municipio, «van a suponer un grave problema de financiación para los centros concertados». Díaz explica que, en esencia, la desproporción del impuesto se produce porque para calcular la tasa se tiene en cuenta la extensión total del centro escolar y no sólo la de aquellos espacios en los que se generan residuos. La superficie que suele ocupar el comedor es escasa si se compara con la de los patios de recreo o las propias aulas. Y, sin embargo, los centros tendrán que tributar por todos los espacios. «No todos los metros cuadrados de un colegio son de comedor. Los colegios suelen tener patios amplios , que harán que la tasa en centros madrileños alcance el tope de los 20.000 euros fácilmente. La realidad es que en la mayoría de los espacios n o se generan más residuos de los que puede producir un viandante por la calle », asegura Díaz. Tampoco se entiende que los colegios estén incluidos en la calificación catastral de «actividad cultural» o que en la ordenanza no figure ninguna reducción para los centros de enseñanza. Pero, fuera ya de la capital, la tasa de basuras también preocupa a la concertada en otros ayuntamientos españoles. En la ordenanza de León, por ejemplo, que calcula la tasa teniendo en cuenta los metros, se ha marcado el tope en 7.500 euros anuales, que «para algunos colegios con pocas líneas podría suponer el cierre», alerta Ricardo Bernardo, representante de la concertada en Castilla y León. En la ciudad de Valencia la situación es algo distinta pero igualmente delicada. Allí, el impuesto se calcula teniendo en cuenta el consumo de agua. «Los colegios podrían tener que asumir un gasto añadido de 5.000 euros , pues en la ordenanza no se contempla ningún tipo de bonificación», indica Joaquín Monzón, desde la concertada de la capital del Turia. En Baleares, el problema sólo existe en el municipio de Mahón (Menorca) , donde un colegio de una línea, que no llega a los 300 alumnos, tendrá que asumir un gravamen anual de 4.800 euros. Por otro lado, al tratarse de una ley estatal que impone una tasa a numerosos ayuntamientos de signo contrario, los políticos, dice Santiago García, de CECE, « se pasan la pelota unos a otros, aunque lo que prevalece es el afán recaudatorio ».
La conocida como tasa de basuras va a suponer la «puntilla económica» para muchos c entros concertados de toda España. Así lo indica a ABC Luis Centeno, al frente de Escuelas Católicas, que aglutina a los colegios concertados religiosos de todo el país. Desde la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), la otra gran organización de la concertada, coinciden en que este nuevo gravamen es «insostenible» y «tiene a muchas escuelas preocupadas». Este impuesto, que en la mayoría de los casos se va a empezar a pagar en 2025, varía según la ordenanza de cada ayuntamiento. Pero su origen no es municipal, sino ministerial. En concreto, la ley estatal 7/2022, de residuos y suelos contaminados, obligaba a los municipios de más de 5.000 habitantes a poner en marcha la ordenanza que lo regulara antes de abril de este año. En este contexto, los colegios concertados se encuentran en la encrucijada de que, por ley, no pueden repercutir a su alumnado la tasa como un privado. Existiendo, además, el agravante de que los conciertos educativos llevan casi dos décadas sin actualizarse. Según ha podido saber este diario, el montante, en los casos más extremos, ronda o supera los 30.000 euros. Este es precisamente el caso del Colegio San José de Cluny, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), municipio que aprobó su ordenanza en 2024 y que recibió una factura de 31.000 euros a abonar en cuatro pagos. Desde el sector de la concertada, religiosa o no, señalan que superando los 1.000 euros, las cuentas en la concertada se pueden complicar en exceso y, por eso, en municipios como Madrid, León, Valencia o Mahón (Menorca) se plantean impugnar las ordenanzas si no se incluye alguna exención. Los importes más desproporcionados se hallan en la ciudad de Madrid, donde el ayuntamiento ha fijado el tope de la tasa de basuras en 20.000 euros. En el mes de abril se girarán las primeras facturas en la capital que, en palabras de Emilio Díaz, representante de Escuelas Católicas en este municipio, «van a suponer un grave problema de financiación para los centros concertados». Díaz explica que, en esencia, la desproporción del impuesto se produce porque para calcular la tasa se tiene en cuenta la extensión total del centro escolar y no sólo la de aquellos espacios en los que se generan residuos. La superficie que suele ocupar el comedor es escasa si se compara con la de los patios de recreo o las propias aulas. Y, sin embargo, los centros tendrán que tributar por todos los espacios. «No todos los metros cuadrados de un colegio son de comedor. Los colegios suelen tener patios amplios , que harán que la tasa en centros madrileños alcance el tope de los 20.000 euros fácilmente. La realidad es que en la mayoría de los espacios n o se generan más residuos de los que puede producir un viandante por la calle », asegura Díaz. Tampoco se entiende que los colegios estén incluidos en la calificación catastral de «actividad cultural» o que en la ordenanza no figure ninguna reducción para los centros de enseñanza. Pero, fuera ya de la capital, la tasa de basuras también preocupa a la concertada en otros ayuntamientos españoles. En la ordenanza de León, por ejemplo, que calcula la tasa teniendo en cuenta los metros, se ha marcado el tope en 7.500 euros anuales, que «para algunos colegios con pocas líneas podría suponer el cierre», alerta Ricardo Bernardo, representante de la concertada en Castilla y León. En la ciudad de Valencia la situación es algo distinta pero igualmente delicada. Allí, el impuesto se calcula teniendo en cuenta el consumo de agua. «Los colegios podrían tener que asumir un gasto añadido de 5.000 euros , pues en la ordenanza no se contempla ningún tipo de bonificación», indica Joaquín Monzón, desde la concertada de la capital del Turia. En Baleares, el problema sólo existe en el municipio de Mahón (Menorca) , donde un colegio de una línea, que no llega a los 300 alumnos, tendrá que asumir un gravamen anual de 4.800 euros. Por otro lado, al tratarse de una ley estatal que impone una tasa a numerosos ayuntamientos de signo contrario, los políticos, dice Santiago García, de CECE, « se pasan la pelota unos a otros, aunque lo que prevalece es el afán recaudatorio ».
