El Defensor del Pueblo denuncia ante la Fiscalía presuntas irregularidades en un psiquiátrico gallego
Tras conocerse este jueves que el Defensor del Pueblo realizó un informe sobre la el centro psiquiátrico privado Sanatorio Hestia La Robleda de O Pino (La Coruña), la presidenta del organismo, Carmen Flores, presentó este viernes ante la fiscal jefe de Santiago de Compostela, Osvaldo Bonilla, para informar sobre las «malas praxis » constatadas durante la visita del mes pasado, solicitando que se investigue y se depuren» responsabilidades». Unos hechos que adelantó este jueves el diario El País, el cual informaba que el Defensor del Pueblo realizó la inspección el pasado mes de septiembre, cuando se encontraban 94 personas internas en el centro, que si bien era privado, contaba con pacientes derivados del sistema público por el Servicio Galego de Saúde (Sergas). Según fuentes de la Consellería de Sanidade consultadas por Europa Press , serían un total de 26 los pacientes derivados de la pública. En la información se relata como los enfermeros contaban con un protocolo disciplinario al que se referían como « castigos », sin vías para que los residentes pudieran denunciar posibles malos tratos o abusos , como los casos de » c ontenciones mecánicas », que los técnicos constataron como »práctica habitual« en La Robleda, llegando a extenderse »durante días« aunque el paciente no mostrase signos de agresividad. «Se pudo corroborar en una de las historias clínicas, no siendo un caso aislado, una contención de nueve días, seguida de tres días más de aislamiento habitacional . Esto supone una vulneración grave de los derechos básicos de las personas ingresadas», señalan los técnicos en el artículo. Además, una delas pacientes manifestó »haber sufrido episodios de abuso sexual« por parte de un trabajador, que le realizó tocamientos mientras se encontraba inmovilizada, mientras que otros testimonios corroboraron irregularidades en el suministro de los medicamentos que se les daban. El informe, remitido el jueves al Sergas y este viernes a Fiscalía, señala también al Gobierno gallego, al que el organismo atribuye «un presunto delito de abandono y dejación de funciones ». »Debe caer todo el peso de la ley tanto a los infractores como a los que con su cargo de cuidado han dejado que pasaran este tipo de vergonzosos abusos con la indefensión de los que estaban para tratarse», afirmó Flores en declaraciones recogidas por Europa Press.
Tras conocerse este jueves que el Defensor del Pueblo realizó un informe sobre la el centro psiquiátrico privado Sanatorio Hestia La Robleda de O Pino (La Coruña), la presidenta del organismo, Carmen Flores, presentó este viernes ante la fiscal jefe de Santiago de Compostela, Osvaldo Bonilla, para informar sobre las «malas praxis » constatadas durante la visita del mes pasado, solicitando que se investigue y se depuren» responsabilidades». Unos hechos que adelantó este jueves el diario El País, el cual informaba que el Defensor del Pueblo realizó la inspección el pasado mes de septiembre, cuando se encontraban 94 personas internas en el centro, que si bien era privado, contaba con pacientes derivados del sistema público por el Servicio Galego de Saúde (Sergas). Según fuentes de la Consellería de Sanidade consultadas por Europa Press , serían un total de 26 los pacientes derivados de la pública. En la información se relata como los enfermeros contaban con un protocolo disciplinario al que se referían como « castigos », sin vías para que los residentes pudieran denunciar posibles malos tratos o abusos , como los casos de » c ontenciones mecánicas », que los técnicos constataron como »práctica habitual« en La Robleda, llegando a extenderse »durante días« aunque el paciente no mostrase signos de agresividad. «Se pudo corroborar en una de las historias clínicas, no siendo un caso aislado, una contención de nueve días, seguida de tres días más de aislamiento habitacional . Esto supone una vulneración grave de los derechos básicos de las personas ingresadas», señalan los técnicos en el artículo. Además, una delas pacientes manifestó »haber sufrido episodios de abuso sexual« por parte de un trabajador, que le realizó tocamientos mientras se encontraba inmovilizada, mientras que otros testimonios corroboraron irregularidades en el suministro de los medicamentos que se les daban. El informe, remitido el jueves al Sergas y este viernes a Fiscalía, señala también al Gobierno gallego, al que el organismo atribuye «un presunto delito de abandono y dejación de funciones ». »Debe caer todo el peso de la ley tanto a los infractores como a los que con su cargo de cuidado han dejado que pasaran este tipo de vergonzosos abusos con la indefensión de los que estaban para tratarse», afirmó Flores en declaraciones recogidas por Europa Press.
