El juez saca a Eugenia Martínez de Irujo de la causa por los pozos ilegales de la Casa de Alba junto a Doñana

El magistrado atiende la petición de la defensa, excluye a la duquesa de Montoro y en su lugar cita a declarar como investigado por un delito ambiental a su sobrino Luis Martínez de Irujo, duque de Aliaga, en su calidad de administrador de la empresa familiar que gestiona la finca sevillana AljóbarPozos escondidos y puertas cerradas a la Guardia Civil: cómo ocultaba la Casa de Alba el robo de agua junto a Doñana Eugenia Martínez de Irujo ha quedado fuera, salvo nuevo giro de los acontecimientos, de la causa judicial que investiga un delito ambiental por el uso de ocho pozos sin autorización en la finca Aljóbar, propiedad de la Casa de Alba ubicada junto a Doñana en el término de municipio sevillano de Aznalcázar. El juez instructor atendió en su momento la petición hecha en este sentido por la defensa, que alegaba que, aunque figura como presidenta del consejo de administración de Eurotécnica Agraria –la empresa familiar que lleva estas tierras–, no está en el día a día de la gestión. La duquesa de Montoro fue llamada a declarar como investigada, pero sus abogados solicitaron que en su lugar lo hiciera su sobrino, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, que además de consejero de Eurotécnica Agraria es su administrador. Ahora, como “representante legal de la sociedad”, el juez ha citado para tomarle declaración como investigado el próximo 20 de febrero al duque de Aliaga, de perfil mediático muy discreto pero que recientemente era noticia tras recibir un disparo fortuito en una montería en Ávila. Con este paso, el juez decide continuar con la instrucción del caso tras recibir en diciembre el informe pericial de la Guardia Civil, que constata que el bombeo ilegal de agua ha provocado un daño ambiental que cifra en seis millones de euros y que puede ser irreversible. El magistrado señala en su último auto, del pasado 31 de enero, que hasta ahora este impacto negativo “no acababa de acreditarse”, y por eso decreta también el cierre de los pozos, una orden judicial que en realidad lo que hace es reforzar el cerrojazo vía administrativa que ya se concretó el pasado diciembre por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). “Dejando sin efecto la imputación” En realidad, no ha sido ahora cuando Eugenia Martínez de Irujo ha quedado fuera del caso, sino que así lo determinó el juez hace más de un año en un auto del pasado 1 de diciembre de 2023, tal y como consta en el sumario, al que ha tenido acceso este periódico. En el mismo, revocaba parcialmente una resolución anterior “dejando sin efecto la imputación” de la duquesa de Montoro. De esta manera, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) estimaba parcialmente el recurso de reforma que interpuso Eurotécnica Agraria, asumiendo el argumento de que “quien ostenta la presidencia de esa sociedad pudiera no tener conocimiento de las formas de riego”. En ese momento decidió no imputar a nadie a la espera de los informes técnicos solicitados, que el Seprona de la Guardia Civil –a petición de la Fiscalía– elaboró y entregó el pasado diciembre, lo que ha dado lugar a la citación del duque de Aliaga. Pese a que la 'desimputación' de Eugenia Martínez de Irujo se produjo en diciembre de 2023 (no llegó a estar ni dos meses encausada), el 13 de septiembre de ese mismo año la Guardia Civil ya citó como investigado a Luis Martínez de Irujo, que se acogió a su derecho a no declarar. El acta dejó constancia de dos afirmaciones: “que niega los hechos que se le investigan y que cualquier declaración la hará, en su caso, ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello”. Ese momento llegará ahora este próximo 20 de febrero. “Haría improductiva su declaración” En su recurso, Eurotécnica Agraria insistía en que el representante de la compañía es Luis Martínez de Irujo en insistía en el “total desconocimiento” sobre los hechos investigados de Eugenia Martínez de Irujo, que ocupa una presidencia que es rotatoria entre los miembros de la familia. Este hecho, subrayaba, “haría improductiva su declaración en las presentes diligencias”, por lo que consideraba “improcedente” su imputación “por cuanto no existe responsabilidad a título personal” de la duquesa de Montoro. En su último auto, el magistrado impone de nuevo de manera cautelar el cierre de los pozos sorprendidos sacando agua sin autorización, orden que ya dictó en 2023 pero que revocó en mayo de 2024 pese a la oposición de la Fiscalía. Las extracciones ilegales fueron pilladas de nuevo en pleno funcionamiento en noviembre pasado, pese a la advertencia de que no podían usarse, lo que un mes después llevó a su cierre por parte de la Confederación del Guadalquivir. El juez así lo señala, incidiendo en que ha vuelto “a ser usados sin haber sido legalizados ni estar dotados de los preceptivos contadores volumétricos”. Los pozos están en pleno proceso de regu

Feb 4, 2025 - 15:06
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El juez saca a Eugenia Martínez de Irujo de la causa por los pozos ilegales de la Casa de Alba junto a Doñana

El juez saca a Eugenia Martínez de Irujo de la causa por los pozos ilegales de la Casa de Alba junto a Doñana

El magistrado atiende la petición de la defensa, excluye a la duquesa de Montoro y en su lugar cita a declarar como investigado por un delito ambiental a su sobrino Luis Martínez de Irujo, duque de Aliaga, en su calidad de administrador de la empresa familiar que gestiona la finca sevillana Aljóbar

Pozos escondidos y puertas cerradas a la Guardia Civil: cómo ocultaba la Casa de Alba el robo de agua junto a Doñana

Eugenia Martínez de Irujo ha quedado fuera, salvo nuevo giro de los acontecimientos, de la causa judicial que investiga un delito ambiental por el uso de ocho pozos sin autorización en la finca Aljóbar, propiedad de la Casa de Alba ubicada junto a Doñana en el término de municipio sevillano de Aznalcázar. El juez instructor atendió en su momento la petición hecha en este sentido por la defensa, que alegaba que, aunque figura como presidenta del consejo de administración de Eurotécnica Agraria –la empresa familiar que lleva estas tierras–, no está en el día a día de la gestión.

La duquesa de Montoro fue llamada a declarar como investigada, pero sus abogados solicitaron que en su lugar lo hiciera su sobrino, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, que además de consejero de Eurotécnica Agraria es su administrador. Ahora, como “representante legal de la sociedad”, el juez ha citado para tomarle declaración como investigado el próximo 20 de febrero al duque de Aliaga, de perfil mediático muy discreto pero que recientemente era noticia tras recibir un disparo fortuito en una montería en Ávila.

Con este paso, el juez decide continuar con la instrucción del caso tras recibir en diciembre el informe pericial de la Guardia Civil, que constata que el bombeo ilegal de agua ha provocado un daño ambiental que cifra en seis millones de euros y que puede ser irreversible. El magistrado señala en su último auto, del pasado 31 de enero, que hasta ahora este impacto negativo “no acababa de acreditarse”, y por eso decreta también el cierre de los pozos, una orden judicial que en realidad lo que hace es reforzar el cerrojazo vía administrativa que ya se concretó el pasado diciembre por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

“Dejando sin efecto la imputación”

En realidad, no ha sido ahora cuando Eugenia Martínez de Irujo ha quedado fuera del caso, sino que así lo determinó el juez hace más de un año en un auto del pasado 1 de diciembre de 2023, tal y como consta en el sumario, al que ha tenido acceso este periódico. En el mismo, revocaba parcialmente una resolución anterior “dejando sin efecto la imputación” de la duquesa de Montoro.

De esta manera, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) estimaba parcialmente el recurso de reforma que interpuso Eurotécnica Agraria, asumiendo el argumento de que “quien ostenta la presidencia de esa sociedad pudiera no tener conocimiento de las formas de riego”. En ese momento decidió no imputar a nadie a la espera de los informes técnicos solicitados, que el Seprona de la Guardia Civil –a petición de la Fiscalía– elaboró y entregó el pasado diciembre, lo que ha dado lugar a la citación del duque de Aliaga.

Pese a que la 'desimputación' de Eugenia Martínez de Irujo se produjo en diciembre de 2023 (no llegó a estar ni dos meses encausada), el 13 de septiembre de ese mismo año la Guardia Civil ya citó como investigado a Luis Martínez de Irujo, que se acogió a su derecho a no declarar. El acta dejó constancia de dos afirmaciones: “que niega los hechos que se le investigan y que cualquier declaración la hará, en su caso, ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello”. Ese momento llegará ahora este próximo 20 de febrero.

“Haría improductiva su declaración”

En su recurso, Eurotécnica Agraria insistía en que el representante de la compañía es Luis Martínez de Irujo en insistía en el “total desconocimiento” sobre los hechos investigados de Eugenia Martínez de Irujo, que ocupa una presidencia que es rotatoria entre los miembros de la familia. Este hecho, subrayaba, “haría improductiva su declaración en las presentes diligencias”, por lo que consideraba “improcedente” su imputación “por cuanto no existe responsabilidad a título personal” de la duquesa de Montoro.

En su último auto, el magistrado impone de nuevo de manera cautelar el cierre de los pozos sorprendidos sacando agua sin autorización, orden que ya dictó en 2023 pero que revocó en mayo de 2024 pese a la oposición de la Fiscalía. Las extracciones ilegales fueron pilladas de nuevo en pleno funcionamiento en noviembre pasado, pese a la advertencia de que no podían usarse, lo que un mes después llevó a su cierre por parte de la Confederación del Guadalquivir.

El juez así lo señala, incidiendo en que ha vuelto “a ser usados sin haber sido legalizados ni estar dotados de los preceptivos contadores volumétricos”. Los pozos están en pleno proceso de regularización, que sigue adelante pese a todas as vicisitudes judiciales, pero mientras llega ese momento el instructor ha acordado su precinto, y la retirada de las bombas y demás equipos que permiten sacar el agua. Y le lanza una clara advertencia a la propiedad: si vuelve a activarlos, se enfrentaría a un “delito de desobediencia a la autoridad judicial”.

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