Inmigración, el nuevo campo de batalla de las negociaciones Moncloa-Junts
La legislatura no da un respiro. El estrecho margen de la mayoría parlamentaria hay que trabajárselo. Ya lo dijo el presidente del Gobierno cuando PP, Junts y Vox aunaron sus votos para tumbar el decreto social el 22 de enero: "Buscaré los votos hasta debajo de las piedras". Un eslogan que, por otro lado, ha sonado en más ocasiones y que podría ser el que defina al cuatrienio en cuestión; dado que, tras reconducir las relaciones con los juntaires, el campo de batalla se juega ahora en un escenario tan sensible como lo es la inmigración. Los de Carles Puigdemont insisten en el traspaso de competencias desde prácticamente el primer pleno post investidura y no termina de concretar, ante la complejidad de un asunto que precisa de un cuidado constitucional milimétrico. Hay quien se atreve a deslizar que las conversaciones "están muy avanzadas". Fuentes de Moncloa, de hecho, insinúan que por ahí van los tiros. De hecho, admiten que sobre la mesa se habían puesto unos plazos. Sin embargo, los de Carles Puigdemont no están muy la labor de guiarse por un calendario, argumentando que son "relaciones humanas" y, por lo tanto, no hay un imperativo para fijar una fecha. Pero lo mollar de esta historia es que la melodía suena ya más afinada que de costumbre, habida cuenta de que hubo un tiempo en que ni siquiera se percibía e incluso se le daba esquinazo. Lógico, por otra parte, al tratarse de una materia de extrema sensibilidad para el Ejecutivo, quien al mismo tiempo mantiene una cruzada con el Partido Popular para sacar adelante la Ley de Extranjería y así desoxigenar la situación de los centros de menores en Canarias. Una transacción que también se le ha presentado a los neoconvergentes. En cualquier caso, a pesar de la notable mejoría en las relaciones bilaterales, no hay un acuerdo cercano y los independentistas, ahora, meten cloroformo mientras en el horizonte asoman los Presupuestos Generales del Estado. Aunque dicha transacción competencial, a su vez, podría allanar el camino para cumplir con la promesa adquirida en diciembre de presentar un proyecto presupuestario en el primer tercio de 2025. Algo a lo que el Gobierno había renunciado durante esas semanas de máxima tensión con Junts per Catalunya. Un estrés que, por otra parte, se ha suavizado a tenor del acuerdo para la aprobación del escudo social. Optimismo y secretismo La distensión que supuso el pacto in extremis del pasado martes ha acelerado y acercado las posturas de las partes en materia de inmigración. Pese a todo, el Gobierno asume el mismo papel que en tiempos de la amnistía: "Todo lo que se haga se hará bajo el paraguas de la Constitución". Tanto en público como en privado, altos cargos del gabinete del Presidente se esmeran por aclarar que no habrá una sola iniciativa que dé la espalda a la Ley Fundamental; al igual que con la medida de gracia. También abonan el ya clásico "prudencia y transparencia en los acuerdos" que cimenta toda...
La legislatura no da un respiro. El estrecho margen de la mayoría parlamentaria hay que trabajárselo. Ya lo dijo el presidente del Gobierno cuando PP, Junts y Vox aunaron sus votos para tumbar el decreto social el 22 de enero: "Buscaré los votos hasta debajo de las piedras". Un eslogan que, por otro lado, ha sonado en más ocasiones y que podría ser el que defina al cuatrienio en cuestión; dado que, tras reconducir las relaciones con los juntaires, el campo de batalla se juega ahora en un escenario tan sensible como lo es la inmigración. Los de Carles Puigdemont insisten en el traspaso de competencias desde prácticamente el primer pleno post investidura y no termina de concretar, ante la complejidad de un asunto que precisa de un cuidado constitucional milimétrico. Hay quien se atreve a deslizar que las conversaciones "están muy avanzadas". Fuentes de Moncloa, de hecho, insinúan que por ahí van los tiros. De hecho, admiten que sobre la mesa se habían puesto unos plazos. Sin embargo, los de Carles Puigdemont no están muy la labor de guiarse por un calendario, argumentando que son "relaciones humanas" y, por lo tanto, no hay un imperativo para fijar una fecha. Pero lo mollar de esta historia es que la melodía suena ya más afinada que de costumbre, habida cuenta de que hubo un tiempo en que ni siquiera se percibía e incluso se le daba esquinazo. Lógico, por otra parte, al tratarse de una materia de extrema sensibilidad para el Ejecutivo, quien al mismo tiempo mantiene una cruzada con el Partido Popular para sacar adelante la Ley de Extranjería y así desoxigenar la situación de los centros de menores en Canarias. Una transacción que también se le ha presentado a los neoconvergentes. En cualquier caso, a pesar de la notable mejoría en las relaciones bilaterales, no hay un acuerdo cercano y los independentistas, ahora, meten cloroformo mientras en el horizonte asoman los Presupuestos Generales del Estado. Aunque dicha transacción competencial, a su vez, podría allanar el camino para cumplir con la promesa adquirida en diciembre de presentar un proyecto presupuestario en el primer tercio de 2025. Algo a lo que el Gobierno había renunciado durante esas semanas de máxima tensión con Junts per Catalunya. Un estrés que, por otra parte, se ha suavizado a tenor del acuerdo para la aprobación del escudo social. Optimismo y secretismo La distensión que supuso el pacto in extremis del pasado martes ha acelerado y acercado las posturas de las partes en materia de inmigración. Pese a todo, el Gobierno asume el mismo papel que en tiempos de la amnistía: "Todo lo que se haga se hará bajo el paraguas de la Constitución". Tanto en público como en privado, altos cargos del gabinete del Presidente se esmeran por aclarar que no habrá una sola iniciativa que dé la espalda a la Ley Fundamental; al igual que con la medida de gracia. También abonan el ya clásico "prudencia y transparencia en los acuerdos" que cimenta toda...
