El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el martes la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad
El Ministerio de Derechos Sociales retoca dos leyes en un único texto que acaba con medidas tomadas en la crisis de 2008 como una ventana de dos años para empezar a cobrar la prestación económica por cuidados o la incompatibilidad entre servicios, como adelantó elDiario.esLa reforma de la ley de dependencia amplía las ayudas por cuidado familiar a los amigos En cuestión de días y si nada cambia, el Gobierno dará el primer paso para reformar las leyes de dependencia y discapacidad. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el anteproyecto de ley del Ministerio de Derechos Sociales que modifica, de una sola vez, las dos legislaciones. El texto, que ya adelantó elDiario.es, llevaba listo varias semanas y el departamento que dirige Pablo Bustinduy (Sumar) contaba con haberlo aprobado a principios de diciembre aunque finalmente se ha demorado otros dos meses. Derechos Sociales defiende que ha llegado el momento de retocar dos leyes que fueron aprobadas, respectivamente, en 2006 y 2013, para poner fin a medidas que se tomaron en la crisis económica de 2008 y todavía no se habían revertido; además de consolidar en un texto legislativo nuevos derechos. El impacto social de los cambios no es nada desdeñable: hay 2,13 millones de personas que han solicitado una prestación para la dependencia en España y la cifra ha crecido un 12% en cinco años. Entre los cambios más destacados, la reforma deroga la incompatibilidad de prestaciones, es decir, que no se pueda acceder a un centro de día y a la vez a la ayuda a domicilio; y acaba con el periodo suspensivo de dos años para empezar a percibir la prestación económica por cuidado en el entorno familiar sin que se compense el retraso de manera retroactiva. Muchas autonomías ya habían dado carpetazo a esta última medida, heredera de la crisis, pero ahora será de obligado cumplimiento a nivel nacional. La reforma de la ley general de derechos de las personas con discapacidad, por su parte, concederá de manera automática una discapacidad del 33% a todas las personas con una situación de dependencia reconocida para reducir la burocracia. A la norma se traslada también el mandato del artículo 49 de la Constitución de proteger de manera reforzada los derechos de las mujeres y de la infancia con discapacidad, además de regular la accesibilidad universal como un derecho. Del “entorno familiar” al “relacional” Para adaptar la ley a los nuevos modelos de convivencia –el concepto familia ha cambiado mucho en dos décadas–, el Gobierno ampliará las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar –una de las ayudas que existen para personas dependientes– al “entorno relacional”, de manera que se equipare a un amiga como si fuese un familiar, aunque la titular de la prestación siempre es la persona dependiente. Las personas dependientes no solo viven con sus parejas, progenitores o descendientes. Esta medida ya estaba contemplada en un real decreto de 2023 y, con la reforma, pasará a formar parte de una ley orgánica. El servicio de ayuda a domicilio también experimentará ligeros cambios. Según el texto que se llevará el martes al Consejo de Ministros, su ámbito de actuación al “entorno comunitario”. Es decir, ese apoyo podrá extenderse a actividades fuera del hogar si la persona lo requiere. Por otro lado, la teleasistencia pasará a ser un “derecho subjetivo” en la ley, de manera que el servicio estará disponible para todas las personas con situación de dependencia y las personas que trabajen en el ámbito de los cuidados van a estar obligados a acreditar que no tienen antecedentes por delitos sexuales, algo que ya se pide actualmente para trabajar con menores de edad. 18 años después La reforma de la dependencia llega 18 años después de aprobarse la primera ley y tras constatarse que la “revolución social” que prometía se ha quedado a medias, según los expertos. La norma permitió que se reconocieran derechos por primera vez pero el camino ha estado también trufado de fracasos. Los recortes de la crisis de 2008 dejaron escuálido al sistema: hubo restricciones presupuestarias pero también medidas de restricción de derechos. “Los procedimientos burocráticos, las ridículas cuantías de las prestaciones, junto a la baja intensidad de los servicios y la imposibilidad de compatibilidad hacen un sistema low cost poco eficaz para atender las necesidades de las personas en situación de dependencia”, resumía la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales en su último informe, que hace balance de estas dos décadas. Desde 2020, con el plan de choque del Gobierno en dependencia, la situación está mejorando poco a poco aunque, al partir de un lugar tan desfavorecido, es lento.
El Ministerio de Derechos Sociales retoca dos leyes en un único texto que acaba con medidas tomadas en la crisis de 2008 como una ventana de dos años para empezar a cobrar la prestación económica por cuidados o la incompatibilidad entre servicios, como adelantó elDiario.es
La reforma de la ley de dependencia amplía las ayudas por cuidado familiar a los amigos
En cuestión de días y si nada cambia, el Gobierno dará el primer paso para reformar las leyes de dependencia y discapacidad. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el anteproyecto de ley del Ministerio de Derechos Sociales que modifica, de una sola vez, las dos legislaciones. El texto, que ya adelantó elDiario.es, llevaba listo varias semanas y el departamento que dirige Pablo Bustinduy (Sumar) contaba con haberlo aprobado a principios de diciembre aunque finalmente se ha demorado otros dos meses.
Derechos Sociales defiende que ha llegado el momento de retocar dos leyes que fueron aprobadas, respectivamente, en 2006 y 2013, para poner fin a medidas que se tomaron en la crisis económica de 2008 y todavía no se habían revertido; además de consolidar en un texto legislativo nuevos derechos. El impacto social de los cambios no es nada desdeñable: hay 2,13 millones de personas que han solicitado una prestación para la dependencia en España y la cifra ha crecido un 12% en cinco años.
Entre los cambios más destacados, la reforma deroga la incompatibilidad de prestaciones, es decir, que no se pueda acceder a un centro de día y a la vez a la ayuda a domicilio; y acaba con el periodo suspensivo de dos años para empezar a percibir la prestación económica por cuidado en el entorno familiar sin que se compense el retraso de manera retroactiva. Muchas autonomías ya habían dado carpetazo a esta última medida, heredera de la crisis, pero ahora será de obligado cumplimiento a nivel nacional.
La reforma de la ley general de derechos de las personas con discapacidad, por su parte, concederá de manera automática una discapacidad del 33% a todas las personas con una situación de dependencia reconocida para reducir la burocracia. A la norma se traslada también el mandato del artículo 49 de la Constitución de proteger de manera reforzada los derechos de las mujeres y de la infancia con discapacidad, además de regular la accesibilidad universal como un derecho.
Del “entorno familiar” al “relacional”
Para adaptar la ley a los nuevos modelos de convivencia –el concepto familia ha cambiado mucho en dos décadas–, el Gobierno ampliará las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar –una de las ayudas que existen para personas dependientes– al “entorno relacional”, de manera que se equipare a un amiga como si fuese un familiar, aunque la titular de la prestación siempre es la persona dependiente. Las personas dependientes no solo viven con sus parejas, progenitores o descendientes. Esta medida ya estaba contemplada en un real decreto de 2023 y, con la reforma, pasará a formar parte de una ley orgánica.
El servicio de ayuda a domicilio también experimentará ligeros cambios. Según el texto que se llevará el martes al Consejo de Ministros, su ámbito de actuación al “entorno comunitario”. Es decir, ese apoyo podrá extenderse a actividades fuera del hogar si la persona lo requiere. Por otro lado, la teleasistencia pasará a ser un “derecho subjetivo” en la ley, de manera que el servicio estará disponible para todas las personas con situación de dependencia y las personas que trabajen en el ámbito de los cuidados van a estar obligados a acreditar que no tienen antecedentes por delitos sexuales, algo que ya se pide actualmente para trabajar con menores de edad.
18 años después
La reforma de la dependencia llega 18 años después de aprobarse la primera ley y tras constatarse que la “revolución social” que prometía se ha quedado a medias, según los expertos. La norma permitió que se reconocieran derechos por primera vez pero el camino ha estado también trufado de fracasos.
Los recortes de la crisis de 2008 dejaron escuálido al sistema: hubo restricciones presupuestarias pero también medidas de restricción de derechos. “Los procedimientos burocráticos, las ridículas cuantías de las prestaciones, junto a la baja intensidad de los servicios y la imposibilidad de compatibilidad hacen un sistema low cost poco eficaz para atender las necesidades de las personas en situación de dependencia”, resumía la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales en su último informe, que hace balance de estas dos décadas. Desde 2020, con el plan de choque del Gobierno en dependencia, la situación está mejorando poco a poco aunque, al partir de un lugar tan desfavorecido, es lento.
