La jueza que investiga la gestión de la DANA apunta que Mazón no advirtió del "altísimo riesgo" para las víctimas
La jueza instructora que investiga la gestión política de la Generalitat Valenciana sobre la DANA, que dejó más de 220 fallecidos en Valencia, ha constatado el "desconocimiento" por parte de la administración autonómica y que supuso un "altísimo riesgo" para las víctimas. Así se ha expresado la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja en unas cartas remitidas como auto a la Fiscalía de Valencia sobre la causa judicial y en la que se describen las primeras conclusiones tras las declaraciones de los testigos y familiares de los fallecidos. La jueza se focaliza en dos aspectos: por un lado, el perfil a grandes rasgos de los fallecidos; en el segundo caso, la tardanza de las alertas a los móviles de los ciudadanos y cómo se gestionaron los primeros momentos de aviso por parte de los responsables en emergencias. En el primer caso, se constata que la mayoría de las personas que perdieron la vida en las fuertes riadas fueron valencianos mayores de 65 años que vivían en casas de planta baja o personas que estaban en la calle o tratando de sacar sus coches de los garajes. Sin embargo, las mayores indagaciones judiciales se remiten al sistema de alertas que se movilizó aquel fatídico 29 de octubre. "El mensaje remitido a las 20:11 horas instaba a que se evitaran desplazamientos. Parte de las víctimas de avanzada edad perecieron en sus propios domicilios", reza parte del auto remitido a la Fiscalía, unas palabras que constatan que sólo se requería a la población que no saliera de casa, pero no que se refugiaran en plantas más altas para evitar la fuerte corriente del agua. Apoyándose en los primeros testimonios de los testigos, la magistrada señala en la resolución judicial que percibe "conveniente analizar no sólo si se produjeron las oportunas mediciones del caudal de la Rambla del Poyo o no (…) sino, igualmente, la simple percepción directa de cualquier persona cercana a la rambla de la intensidad del desbordamiento pudo permitir su conocimiento ulterior por los responsables de emergencias a medida que iba aumentando el caudal". "Análisis de evitabilidad" La investigación, en esta fase inicial de instrucción, focaliza la lupa en el sistema EsAlert -aquel que dijo la ya exconsellera de Emergencias que desconocía su existencia- y su remisión tardía a la ciudadanía cuando la DANA ya estaba desatada. Dicho análisis de "evitabilidad" recoge que tan sólo en Catarroja perecieron hasta 76 personas, pero también incluye otras localidades gravemente afectadas como Benetússer, Massanassa, Sedaví o Alfafar, entre otras. De esta manera, el juzgado reclama que se investigue, a su vez, si los responsables municipales comunicaron a la población "por otros medios previamente" durante aquel día, bien por medio de la prensa local o declaraciones y comunicados oficiales. Para recoger estos parámetros, la jueza insta a aquellas insta al espectro comunicativo en todo su conjunto -À Punt, TVE, Mediaset, Atresmedia y el Grupo Prisa- a que aporten todas las declaraciones de las autoridades responsables recogidas y emitidas el 29 de octubre...
La jueza instructora que investiga la gestión política de la Generalitat Valenciana sobre la DANA, que dejó más de 220 fallecidos en Valencia, ha constatado el "desconocimiento" por parte de la administración autonómica y que supuso un "altísimo riesgo" para las víctimas. Así se ha expresado la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja en unas cartas remitidas como auto a la Fiscalía de Valencia sobre la causa judicial y en la que se describen las primeras conclusiones tras las declaraciones de los testigos y familiares de los fallecidos. La jueza se focaliza en dos aspectos: por un lado, el perfil a grandes rasgos de los fallecidos; en el segundo caso, la tardanza de las alertas a los móviles de los ciudadanos y cómo se gestionaron los primeros momentos de aviso por parte de los responsables en emergencias. En el primer caso, se constata que la mayoría de las personas que perdieron la vida en las fuertes riadas fueron valencianos mayores de 65 años que vivían en casas de planta baja o personas que estaban en la calle o tratando de sacar sus coches de los garajes. Sin embargo, las mayores indagaciones judiciales se remiten al sistema de alertas que se movilizó aquel fatídico 29 de octubre. "El mensaje remitido a las 20:11 horas instaba a que se evitaran desplazamientos. Parte de las víctimas de avanzada edad perecieron en sus propios domicilios", reza parte del auto remitido a la Fiscalía, unas palabras que constatan que sólo se requería a la población que no saliera de casa, pero no que se refugiaran en plantas más altas para evitar la fuerte corriente del agua. Apoyándose en los primeros testimonios de los testigos, la magistrada señala en la resolución judicial que percibe "conveniente analizar no sólo si se produjeron las oportunas mediciones del caudal de la Rambla del Poyo o no (…) sino, igualmente, la simple percepción directa de cualquier persona cercana a la rambla de la intensidad del desbordamiento pudo permitir su conocimiento ulterior por los responsables de emergencias a medida que iba aumentando el caudal". "Análisis de evitabilidad" La investigación, en esta fase inicial de instrucción, focaliza la lupa en el sistema EsAlert -aquel que dijo la ya exconsellera de Emergencias que desconocía su existencia- y su remisión tardía a la ciudadanía cuando la DANA ya estaba desatada. Dicho análisis de "evitabilidad" recoge que tan sólo en Catarroja perecieron hasta 76 personas, pero también incluye otras localidades gravemente afectadas como Benetússer, Massanassa, Sedaví o Alfafar, entre otras. De esta manera, el juzgado reclama que se investigue, a su vez, si los responsables municipales comunicaron a la población "por otros medios previamente" durante aquel día, bien por medio de la prensa local o declaraciones y comunicados oficiales. Para recoger estos parámetros, la jueza insta a aquellas insta al espectro comunicativo en todo su conjunto -À Punt, TVE, Mediaset, Atresmedia y el Grupo Prisa- a que aporten todas las declaraciones de las autoridades responsables recogidas y emitidas el 29 de octubre...
